Una larga y esperada disputa ha surgido en Washington, DC sobre los fondos que suministra el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones que practican o promueven el aborto en otros países. La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés), la agencia que más promueve el aborto en todo el mundo, ha confesado que ha violado los reglamentos del gobierno estadounidense que rigen el uso del dinero que dicho gobierno le ha dado. La IPPF ha utilizado parte de esos fondos para practicar abortos en la India y en Uganda.

La disputa se centra en el texto de la "Política de Ciudad México", que les prohíbe a las agencias que promueven o practican el aborto en otros países recibir dinero del gobierno de Estados Unidos. Esta política fue instituida y mantenida durante las dos presidencias anteriores a la de Clinton y Gore. Apenas estos últimos asumieron el poder, anularon dicha política. Sin embargo, durante el 2000 se reinstituyó parte del texto de la misma y se incluyó un reglamento que ordena que todas las organizaciones que reciban fondos del gobierno de Estados Unidos para el control demográfico tienen que garantizar que cumplirán con el texto de la "Política de Ciudad México".

La cantidad de $15 millones, de un presupuesto cuyo total era de $372 millones, fue apartada para los grupos que se negaron garantizar el ya mencionado reglamento, pero que sin embargo, prometieron no utilizar el dinero para el aborto. La IPPF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales han recibido respectivamente $5 y $2 millones durante este año fiscal, han confesado públicamente que se han negado a dar su "garantía". El Washington Times informó el 5 de octubre del 2000 que la IPPF ha vuelto a pagar $700.000 en subsidios para el aborto y su promoción.

Ello ha surgido ante una auditoría del Congreso sobre este asunto. Marc Thiessen, portavoz del comité que realizó la auditoría, le dijo al Washington Times que "ha habido serias preocupaciones durante muchos años acerca del uso que la IPPF y sus filiales han hecho de los fondos para actividades que se relacionan con el aborto, y ahora tenemos la prueba de que la IPPF ha violado el acuerdo que ella misma subscribió con el gobierno de Estados Unidos". Thiessen también declaró que "las restricciones actuales con respecto a la planificación familiar [anticonceptivos abortivos] son poco más que un adorno administrativo". Otro miembro del personal del Congreso dijo: "La IPPF no se ha limitado simplemente a denunciar nuestras leyes, también las ha violado".

Los miembros del comité del Congreso que realizó la auditoría prometieron seguir luchando para que se lleguen a saber los nombres de las organizaciones que se han negado a dar su "garantía" y también para que no se elimine el texto de la "Política de Ciudad México". Este esfuerzo es importante porque, de continuar la IPPF violando la "Política de Ciudad México", el respeto por la vida humana en países como los de América Latina podría verse afectado de forma muy negativa.

Fuente: Austin Ruse, "Planned Parenthood Admits to Illegal Use of Funds for Abortion," Friday Fax, 5 de octubre del 2000, vol. 3, no. 45.

Austin Ruse es Presidente del Instituto Católico para la Familia y los Derechos Humanos o C-Fam (Catholic Family & Human Rights Institute), una entidad no lucrativa que se dedica a observar y a informar sobre las actividades de la ONU en los asuntos que tienen que ver con la vida humana, la familia y el control demográfico. Diríjase (en inglés) al Catholic Family & Human Rights Institute, 866 United Nations Plaza, Suite 4038, New York, New York 10017, USA. Tel.: (212) 754-5948. Fax: (212) 754-9291. E-mail: c-fam@c-fam.org. Página web: www.c-fam.org. C-Fam publica un boletín semanal electrónico o por fax, titulado Friday Fax ("Fax del viernes").

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