Muere joven nicaragüense a causa de un aborto legal y "seguro"

Carolina Gutiérrez, de 21 años de edad, falleció en el hospital Jackson Memorial de la ciudad de Miami, el pasado 5 de febrero, tras haber estado en coma desde el 21 de diciembre, dos días después de abortar a su bebé de tres meses de concebido. Los médicos le habían amputado las piernas para tratar de salvarla. A Carolina se le diagnosticó una infección general causada por una perforación en el útero, a consecuencia del aborto que le practicaron en la clínica Maber Medical Center en Miami. La joven deja huérfanos a dos niños pequeños y a un viudo desconsolado que no sabía que su esposa había decidido abortar y que se oponía a que lo hiciera. La ley en EE.UU. no le permite al esposo impedir la muerte por aborto de su hijo por nacer, debido al fallo del Tribunal Supremo "Planned Parenthood v. Danford" de 1976. La misma ley permite también que una menor aborte sin el consentimiento de sus padres. El caso de Carolina es sólo uno de cientos de mujeres que han muerto o sufren los daños físicos y/o psicológicos a consecuencias del aborto legal y "seguro". Según cálculos conservadores, cada año mueren en EE.UU. alrededor de 50 a 100 mujeres por aborto legal, lo cual significa que hoy en día mueren igual o mayor cantidad de mujeres por aborto legal que las que morían por aborto ilegal antes de 1973, año en que se legalizó a nivel nacional el aborto a petición durante todo el embarazo. ¿Dónde está la protesta de las feministas proabortistas? ¿Por qué pasan desapercibidos por la prensa tantos casos como éste? (El Nuevo Herald, enero 17 y febrero 7 de 1996; Diario Las Américas, enero 21, 1996; Pro-Life Activist's Encyclopedia, 59-6, 1993.)

Bajo ataque los derechos de los padres en el Estado de Colorado

Una comisión para asuntos infantiles, instituida por el gobernador estatal, ha hecho recomendaciones legislativas que limitarían los derechos de los padres. Dichas recomendaciones se fundan en el alegato de que padres e hijos tienen "conflictos de intereses propios" y de que se necesita la intervención del Estado para salvaguardar los derechos de los niños. El objetivo de estas recomendaciones es implementar en Colorado la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Para este propósito la comisión llevó a cabo varias reuniones, que no fueron anunciadas al público, para considerar preguntas como "¿Cuál es el fundamento del poder estatal, así como la extensión del interés del Estado en proteger a los niños, y qué impacto puede tener esto en los derechos de los padres?"; "¿Cuáles deben ser los derechos de los padres en relación al consentimiento informado para el cuidado médico de sus hijos?". Dependiendo de la respuesta que se le dé a esta última pregunta, se permitiría aconsejar a los niños y jóvenes el uso de anticonceptivos o inclusive su distribución a espaldas de sus padres, bajo el eufemismo de `cuidado médico'. La comisión ha declarado que publicará su estudio y que permitirá la intervención del público. Sin embargo, muchos ciudadanos de Colorado ni se han enterado del asunto, ya que el público no ha podido obtener una copia del documento. La explicación que se ha dado es que no se ha asignado ningún tipo de fondos para imprimirlo. (The Wanderer, octubre 9, 1995.)

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