En los peores momentos de la hambruna de Etiopía, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la cantidad de $73.5 millones para construir un centro de conferencias en la capital de ese país, edificio que 11 años después aún no está terminado. Los costos proyectados de dicho edificio ascienden a $107 millones y se cree que va a estar vacío casi todo el tiempo (Dale Van Atta, "ONU: burocracia sin rumbo," Selecciones del Reader's Digest, diciembre, 1995, p. 50).

"En septiembre de 1994, la ONU desmontó un sistema de seguridad en su sede, que costó $938,000 y que nunca se utilizó. El verdadero motivo fue que el sistema de torniquetes que leería electrónicamente las tarjetas de identificación, podía marcar la hora exacta de llegada y salida de los empleados y 'el personal no quería que se vigilara su puntualidad'" (Ibid., p. 50).

En enero de 1991, mientras 50 personas morían cada día en el campamento Dolo, del sur de Etiopía, la ayuda alimenticia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) destinada a los exiliados somalíes iba a parar al mercado negro (Ibid., p. 52).

En 1983, durante la gestión del representante del ACNUR en Uganda, el Sr. Lukika, desaparecieron alimentos y equipos valorados en más de $2 millones. Aunque fue despedido, Lukika siguió recibiendo su salario y sus simpatizantes armaron tal revuelo que Javier Pérez de Cuéllar, entonces Secretario General de la ONU, pidió al ACNUR que lo recontratara. En 1991 Lukika, de vuelta al frica, desfalcó en casi $690,000 al ACNUR, que había enviado enormes cantidades de alimentos y productos para los refugiados somalíes y etíopes. Lukika fue obligado a renunciar, pero "nunca se le entabló juicio ni se le ordenó restituir ni un centavo, y recibió su pensión completa hasta la fecha en que murió, poco después" (Ibid., pp. 52-53).

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