A través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), ese país ha gastado más de mil millones de dólares desde 1990 para comprar, almacenar y enviar anticonceptivos y abortivos al extranjero. Los contribuyentes constituyen la fuente principal, aunque renuente, de los fondos destinados al control demográfico mundial.

El número de fármacos, dispositivos y otros métodos anticonceptivos y/o abortivos enviados al tercer mundo es asombroso: más de 3.6 mil millones de preservativos, más de 400 millones de ciclos de píldoras anticonceptivas, más de 23 millones de dispositivos intrauterinos, más de 100 millones de tabletas de espumas vaginales, casi un cuarto de millón de unidades de Norplant, y casi 4 millones de dosis de Depo-Provera. A pesar de eso, menos de la tercera parte de los fondos fueron invertidos en la compra de anticonceptivos y abortivos. El resto del dinero fue utilizado para enviar, probar y lograr vender los mismos.

Aunque ciertas organizaciones, que se llaman a sí mismas "no gubernamentales" constituyen la punta de lanza de estos esfuerzos si no fuera por los generosos subsidios del gobierno de los Estados Unidos, no pudieran llevarlos a cabo; es más, ni siquiera ellas mismas existirían. Por esta razón es más apropriado llamarlas "organizaciones casi gubernamentales" (OCG).

Es importante indicar que estas OCGs se especializan en diferentes aspectos del proceso de producción, prueba, envío y venta de anticonceptivos y abortivos. Panalpina, una compañía internacional de barcos de carga, le provee actualmente los servicios de envío a la USAID por el precio de más de $23 millones, por el período que va desde el 22 de junio de 1996 hasta el 1o de enero de 1997. Anteriormente la compañía Matrix International Logistics, Inc. le había provisto a la USAID estos servicios, por un precio de más de $15 millones, desde el 21 de septiembre de 1989 al 28 de febrero de 1993.

Por su parte, la organización antivida Family Health International (FHI), con sede en el Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, es la compañía que se ocupa de verificar la "calidad" de los anticonceptivos y abortivos que la A.I.D. envía al tercer mundo. Es irónico que uno de los líderes de la FHI haya sido implicado en esterilizaciones, que no fueron reguladas, de miles de mujeres por medio del ácido hidroclorato de quinacrina. (Se sospecha que la quinacrina pueda causar cáncer.) La FHI se encargó de evaluar la fabricación de preservativos que la compañía Ansell le hacía a la A.I.D., ahora hace lo mismo con respecto a la compañía Aladan. La FHI también ha llevado a cabo evaluaciones en Honduras, así como en varios países africanos, entre ellos Ruanda, precisamente durante la hambruna y la brutal guerra genocida que azotó a ese desafortunado país.

Las organizaciones antivida, como las aquí mencionadas, diseminan la falsa propaganda de que "la demanda" de anticonceptivos y abortivos del tercer mundo todavía queda "sin respuesta". Todo lo contrario, la USAID, la FHI y otras instituciones promueven agresivamente estos métodos en estos países, escogidos previamente por ellas como el blanco de sus programas de control demográfico. Para ello llevan a cabo extensos programas de "mercadeo social de anticonceptivos" a base de una gran cantidad de comerciales. Estas organizaciones antivida consideran que esta promoción es necesaria para motivar al pueblo a aceptar las grandes cantidades de anticonceptivos y abortivos que la AID y sus cómplices creen que las familias del tercer mundo "necesitan".

Por ejemplo, Population Services International (PSI), la principal promotora de preservativos de la USAID, lleva a cabo extensas campañas de comerciales que inundan los medios de comunicación de estos países, incluyendo novelas radiales y espectáculos con títeres. En Bangladesh, por ejemplo, según la propia PSI, "la audiencia rural, hambrienta de entretenimiento, oscila entre las 3,500 y las 4,000 personas por espectáculo, y en algunas ocasiones llega hasta las 10,000". Durante el receso, se distribuyen los preservativos y las píldoras.

La mayor parte de los costos de esta propaganda y distribución, que supera en mucho el costo de los propios anticonceptivos y abortivos, son pagados por la USAID, o mejor dicho, por el contribuyente estadounidense.

Este artículo es una traducción resumen de "Marketing the Invasion: How U.S. Tax Dollars Undermine Developing World Families," Instituto de Investigación de la Población de HLI, PRI Review, nov.-dic. 1996.

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