Congreso aprueba medida de Clinton de acelerar el suministro de fondos a organizaciones que promueven el aborto en el extranjero

El 25 de febrero de 1997, el Senado aprobó $385 millones en fondos de los contribuyentes para ser otorgados el 1ro de marzo de 1997 a organizaciones que distribuirán anticonceptivos en más de 100 países. Dos semanas antes la Cámara de Representantes había aprobado la misma medida. La prensa y los grupos proabortistas negaron que la medida aprobada otorga fondos específicamente para promover el aborto en el extranjero. Sin embargo, los congresistas y grupos provida han insistido, y con razón, en que dichos fondos sí promoverán el aborto indirectamente, ya que irán a parar a los bolsillos de organizaciones como la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), la agencia privada que más promueve el aborto en el mundo entero.

En Kenia, por ejemplo, la IPPF les ha proporcionado aparatos para practicar abortos a las clínicas de ese país. Sin embargo, en Kenia no hay suficiente penicilina para vacunar a los niños, ya que la mayor parte de los fondos de ayuda extranjera se gasta en anticonceptivos. De hecho, los Estados Unidos invierten $400 millones todos los años en programas de control demográfico en otros países. Sin embargo, invierten sólo $300 millones en programas para contrarrestar la mortalidad infantil, sólo $200 millones para controlar el narcotráfico, sólo $100 millones para programas de crédito para ayudar a mujeres del Tercer Mundo a establecer sus propios negocios y sólo $1.5 millones para las víctimas de la tortura. Por añadidura, no pocos de los programas de control demográfico emplean la coacción, como en el caso de China, México (véase "Noticias Mundiales") y otros países. (The New York Times, 26 de febrero de 1997; Family Issues Alert, 26 de febrero de 1997; Testimonio del Congresista provida Christopher Smith del Estado de Nueva Jersey y de Steve Mosher, Director del Instituto para la Investigación sobre la Población de Human Life International, ante la cadena televisiva CNN, el 11 de febrero de 1997.)

Las estadísticas de los propios proabortistas muestran la conexión entre la anticoncepción y el aborto

Un estudio del Instituto Alan Guttmacher, hecho público el pasado 8 de agosto, afirma que el 57.5% de las mujeres que abortaron en 1994 estaban utilizando anticonceptivos durante el mes en que quedaron embarazadas. El Instituto Guttmacher está relacionado con la Federación de Planificación de la Familia de los Estados Unidos o PPFA (Planned Parenthood Federation of America). La PPFA es miembro de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), Hemisferio Occidental. La IPPF es la agencia privada que más promueve la anticoncepción y el aborto en todo el mundo. El Dr. Malcom Potts, ex dirigente de la IPPF, ya había afirmado en 1973: "Según la gente vaya aceptando la anticoncepción habrá un aumento, no una disminución de los abortos". (The Lancet, 17 de agosto de 1996; The Herald, 8 y 17 de agosto de 1996.)

Aprueban leyes para impedir el aumento de los delitos sexuales

El número de delitos sexuales ha alcanzado proporciones tan alarmantes, que ciertos Estados han tomado fuertes medidas para tratar de controlarlo. California, por ejemplo, se convirtió en el primer Estado del país en legalizar la castración física o química de los que violan o acosan sexualmente a menores de edad. Se trata de la medida más drástica tomada en los Estados Unidos para castigar este tipo de delito. Proyectos de leyes similares están siendo debatidos en los Estados de Washington, Michigan, Massachusetts, Texas y la Florida. Este último Estado tiene una de las tasas más altas de la nación de embarazos entre las adolescentes, lo cual cuesta millones de dólares en términos de asistencia pública. El 70% de estos embarazos son el resultado del abuso sexual infantil por parte de hombres mayores de 21 años a adolescentes menores de 16 años. Por este motivo la Florida ha aprobado leyes que castiguen con la reclusión a los culpables de estos delitos, haya dado la víctima su consentimiento o no. (El Nuevo Herald, 1º de septiembre, 1996; The Miami Herald, 17 de agosto, 1996.)

Todas estas medidas no dejan de ser paradójicas. Mientras estos Estados consideran como delito las relaciones sexuales de adultos con menores, otorguen estos últimos su consentimiento o no, se olvida la raíz del problema. ¿Por qué entonces se siguen llevando a cabo programas de "educación" sexual hedonista en las escuelas públicas, dando más énfasis a los anticonceptivos que a la abstinencia o, inclusive, promoviendo el homosexualismo y pasando por alto la importancia del matrimonio, la familia y la autoridad de los padres? ¿Por qué muchos de esos programas tienen como base ideológica el pensamiento pseudocientífico y depravado de Alfred C. Kinsey, quien alegaba que las relaciones sexuales entre adultos y niños podían ser "beneficiosas" para estos últimos?

Hospital militar intenta despedir a enfermera provida

El Hospital Militar Dewitt, en Ft. Belvoir, Estado de Virginia, le ha retirado los privilegios clínicos a la Hermana Dominica Judith Schiminsky, por rehusar administrar a sus pacientes el inyectable abortivo Depo-Provera. El Depo-Provera, que fue aprobado como anticonceptivo por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de los Estados Unidos en 1992, ha sido utilizado en el Tercer Mundo desde hace más de 30 años, a pesar de sus efectos dañinos en las mujeres. Cuando comenzó a trabajar en el ya mencionado hospital, en diciembre de 1995, Schiminsky indicó en los formularios de empleo que ella promovía la planificación natural de la familia y que no estaba dispuesta a administrar anticonceptivos. La Terciaria Dominica ha presentado una queja formal ante el hospital, por discriminación antirreligiosa. "Se trata de un asunto de identidad católica", afirmó. Sin embargo, la religiosa teme que si el caso no se resuelve a su favor, el próximo paso será la revocación de su licencia de enfermera e inclusive la prohibición del ejercicio de su profesión en cualquier hospital de la nación. El Presidente de Farmacéuticos Provida (Pharmacists for Life), el doctor en farmacia Lloyd Duplantis, cree que así como los farmacéuticos y médicos provida han logrado que se les reconozca el derecho a la objeción de conciencia, lo mismo debe lograrse también para el resto del personal sanitario, como en el caso de Schiminsky. La página Web de los Farmacéuticos Provida es: http://pages.prodigy.com/OH/pfli/pfli.html.

Legalizan "matrimonios" entre homosexuales en Hawaii

El 3 de diciembre de 1996, Hawaii se convirtió en el primer Estado de la nación en legalizar el "matrimonio" entre homosexuales. El Juez Kevin Chang juzgó "inconstitucional" una ley de ese Estado, aprobada en 1994, que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Chang "descubrió" que el Estado de Hawaii no tenía una "razón apremiante" para negarles a los homosexuales el "derecho" a "casarse". El fallo tiene repercusiones en todo Estados Unidos, ya que las parejas de homosexuales pueden ir a Hawaii para "contraer matrimonio" y luego viajar a otros Estados y exigir que su "unión" sea aceptada bajo la cláusula de "plena fe y crédito" de la Constitución de los Estados Unidos. Sólo un mandato judicial podría impedir ahora que el infame fallo del juez Chang entre en vigor. El 10 de septiembre pasado el Senado de los Estados Unidos aprobó una ley (DOMA o "Dignity of Marriage Act") que define el matrimonio como "la unión legal entre un hombre y una mujer". Pero cada Estado debe decidir cómo definir el matrimonio. En un intento por derogar el fallo del juez Chang, la Cámara de Representantes del Estado de Hawaii votó 44 a 7 a favor de una enmienda constitucional para prohibir los "matrimonios" entre personas del mismo sexo. Se espera que se le de el mismo apoyo a esta medida en el senado de este Estado. Si es aprobado, el proyecto de ley estaría sujeto a la votación de los ciudadanos de Hawaii en 1998. (Family Issues Alert, 10 de septiembre y 4 de diciembre de 1996; The Miami Herald, 25 de enero de 1997.)

Liberan refugiados chinos, víctimas del control demográfico, aunque todavía no disfrutan de asilo político. ¡Necesitan su ayuda!

El pasado 14 de febrero, el Servicio de Inmigración y Naturalización o INS (Immigration and Naturalization Service) de los Estados Unidos, anunció la liberación de los 53 refugiados chinos (la mayoría mujeres), que habían sido encarcelados desde su llegada a este país en 1993, a bordo del barco Golden Venture. Los refugiados lograron escapar de la horrible política demográfica china de un solo hijo por familia, y de abortos y esterilizaciones forzosas. El momento culminante de los esfuerzos en pro de la liberación de estas pobres víctimas, ocurrió cuando el congresista Bill Goodling de Pennsylvania se enfrentó al Presidente Clinton después de su discurso sobre el estado de la unión, el pasado 4 de febrero. Aunque el Presidente por fin les concedió la liberación condicional a los prófugos, todavía no se les ha garantizado asilo político en este país. Además, hay otros refugiados chinos que no vinieron en el Golden Venture que todavía permanecen en prisión. Por favor, llame a la Casa Blanca, a la línea de opiniones (202-456-1111) y pida que el Presidente Clinton les conceda también a ellos la libertad condicional. Si prefiere escribir en vez de llamar, diríjase a: The President, The White House, Washington, DC 20500. También ore para que el INS les conceda el asilo político a los refugiados chinos que han sido liberados. (Family Issues Alert, 19 de febrero de 1997.)

Tribunal Supremo examina casos de suicidio asistido y un juez de Florida concede ese falso "derecho" a un enfermo de SIDA

El 8 de enero de 1997, los jueces del Tribunal Supremo escucharon los argumentos en torno a los casos Vaco v. Quill y Washington v. Gluckberg, que alegan (falsamente) que las leyes que prohiben el suicidio asistido en los Estados de Nueva York y Washington son "inconstitucionales". No deja de ser alarmante el hecho de que los jueces se pregunten si es justificable que el Tribunal derogue de un plumazo las leyes de cada Estado que prohiben este crimen. Al mismo tiempo, sin embargo, los jueces expresaron su preocupación de que la legalización del suicidio asistido podría llevar también a la aceptación de la eutanasia de enfermos menos graves. Más de 1600 personas con incapacidades protestaron contra la eutanasia y el suicidio asistido ante el Tribunal. Gracias a Dios también, según un sondeo de la Asociación de Medicina de los Estados Unidos (AMA) publicado el 6 de enero, de cada 6 estadounidenses 5 rechazan la macabra "solución" del suicidio asistido. Después de enterarse de que existe el cuidado paliativo, sólo el 13% dijo que optaría por el suicidio asistido. Los estadounidenses también prefieren otras opciones, como los programas de asilo, que dan cuidado a las personas en la etapa final de su enfermedad. Al publicarse este sondeo la Dra. Nancy Dickey, presidenta del consejo de la AMA, expresó que con estos programas paliativos, que ofrecen medicamentos efectivos contra el dolor y que prestan una atención adecuada a los enfermos terminales, se dan las condiciones necesarias para enfrentar a la muerte con dignidad. (La Voz Católica, Miami, 24 de enero de 1997.) Mientras tanto, el 31 de enero de 1997, el juez Joseph Davis, de West Palm Beach (Florida), otorgó a un enfermo de SIDA el "derecho" al suicidio asistido por un médico. El paciente, Charles Hall, y su médico, Cecil McIver, fueron asistidos legalmente por el abogado Robert Rivas, de la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos o ACLU (American Civil Liberties Union), una organización antivida y antifamilia. Rivas también representa a la Sociedad Hemlock, una organización que promueve la eutanasia y el suicidio asistido. Gracias a Dios, esta criminal decisión no podrá ser puesta en práctica por el momento, ya que el Estado de Florida ha apelado.

Sin embargo, es inquietante que el juez Davis haya afirmado que, a pesar de que su aprobación del suicidio asistido de Hall sólo es aplicable a este caso particular, invitará a la legislatura del Estado de la Florida a emitir leyes que "reconozcan" el "derecho constitucional del individuo de elegir su tratamiento médico, incluyendo la opción para acelerar su muerte". Rivas se sumó a esta postura diciendo que eso es exactamente lo que debe ocurrir. Andy Kayton, director en la Florida de la ACLU dijo que la decisión de Davis era de "potencial importancia para todo el país". Es importante señalar que la decisión del juez Davis se basó en el "derecho a la privacidad", el mismo argumento que se utilizó para legalizar el aborto a petición en todos los Estados Unidos en 1973. No hay duda, el aborto está llevando a la eutanasia. (Diario Las Américas, 2 de febrero de 1997; The Miami Herald, 10 de febrero de 1997, el énfasis es nuestro.)

Se autoriza la reproducción parcial o total de este boletín con fines no comerciales y citando la fuente.