Todo aborto directamente provocado es un crimen nefando contra la humanidad. Pero el proyecto de ley que en estos días se está debatiendo en la capital mexicana, ha llegado al colmo de la frivolidad. Marta Lamas, fundadora del abortista Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explica cómo la ya existente ley abortista de Ciudad México va a ser ampliada por medio del actual proyecto de ley: “En el Distrito Federal (DF) existen actualmente tres razones por las cuales una interrupción del embarazo es legal: violación, grave daño a la salud de la mujer y malformaciones del producto. La Asamblea Legislativa del DF está discutiendo una más: la obstrucción al proyecto de vida de la mujer, que concentra razones de tipo psicológico, socioeconómico y ético” [1].

Comentemos brevemente las tres primeras causales del aborto en el DF. El aborto, lejos de ser la “solución” al horrendo crimen de la violación, constituye una segunda y peor violación de la pobre e inocente mujer que ha sido víctima de ella y, al mismo tiempo, le aplica injustamente la pena capital al otro ser inocente: el niño o la niña por nacer [2].

La causal de “grave daño a la salud de la mujer” se puede fácilmente convertir en aborto por cualquier motivo, si el término “salud” es entendido de manera muy amplia. Además, ya sabemos que cuando la vida de la madre embarazada peligra de forma inminente, los médicos deben intervenir para salvarla a ella y a su hijo o hija por nacer. Si la criatura muere en el proceso interventor de forma no querida ni directamente causada, ello no constituye un aborto directamente provocado y, por lo tanto, no es un delito. No hay que inventar leyes que permitan el aborto en estos casos, porque sencillamente no hay aborto directo, que es lo que debe caer bajo la prohibición de la ley. Por consiguiente, lo del aborto, muchas veces mal llamado “terapéutico”, para presuntamente “salvar” la salud o la vida de la madre, es una ficción legal, para luego astutamente ampliar su contenido hasta llegar al aborto a petición [3].

Finalmente, obsérvese cómo Lamas le llama displicentemente “producto” al niño o a la niña por nacer, cuando habla del aborto eugenésico, es decir, del aborto cuando la inocente criatura por nacer sufre malformaciones. Al respecto, basta con decir que una sociedad que, en vez de ayudar a sus miembros enfermos, los mata, simple y sencillamente ha dejado ser civilizada, para convertirse en bárbara [4]. Con ello no estamos diciendo que la sociedad mexicana en su totalidad sea así. Nos consta que el pueblo mexicano, en su inmensa mayoría, es justo y es provida. Pero hay algunas élites de ese país que están copiando la mentalidad retrógada y cavernícola de sus pares de países “desarrollados”, como EEUU, Canadá, Japón y la Unión Europea, cuyos gobiernos son los que más financian la “cultura” de la muerte en el mundo [4].

Sin embargo, lo más aberrante de este asunto es que el actual proyecto abortista en la capital mexicana quiere añadir otra causal a la práctica del aborto, que es totalmente frívola. Volvamos a reproducir el final de la ya citada declaración de Lamas: “La Asamblea Legislativa del DF está discutiendo una [razón] más: la obstrucción al proyecto de vida de la mujer, que concentra razones de tipo psicológico, socioeconómico y ético” [1]. Ello no es otra cosa que una manera muy elegante de decir: “Queremos el aborto porque nos da la gana”. ¿Matar a un ser inocente, porque obstruye mi proyecto “ético” de vida? ¡Por favor!

Pero ello no es todo. Lamas le llama a la matanza de niños y niñas por nacer: “cuestión de salud pública”, “justicia social” y “democracia”. Dice que el aborto es parte “de una democracia moderna y pluralista”. Con todo respeto para la Sra. Lamas, pero eso es pura demagogia. Si una democracia se precia de serlo, tiene que comenzar por respetar la vida de sus miembros más pequeños, débiles e indefensos, entre los cuales se encuentran los niños y las niñas por nacer. De lo contrario, lejos de ser una democracia, se trata de la más odiosa dictadura de los nacidos que tiene voz y voto, contra los no nacidos que no los tienen. El aborto, distinguida señora, es lo más antidemocrático y antimujer que existe.

A continuación en su artículo, plagado de equivocaciones, Lamas llega al colmo del error cuando dice: “Un Estado laico norma sus criterios jurídicos en la ciencia, no en la religión. La ciencia ha determinado que un embrión de 12 semanas no tiene las estructuras neurológicas para sentir ni dolor ni placer. Por lo tanto, al interrumpir el proceso que lo convertiría en un ser humano no se le está causando sufrimiento alguno” [1].

Francamente, no sabemos en qué “ciencia” se está basando Lamas para emitir semejantes declaraciones. En primer lugar, la ciencia auténtica le llama “embrión” al ser humano no nacido hasta el final de la octava semana de gestación y a partir de ahí le llama “feto” [5]. Pero no nos quedemos en la semántica. Es un hecho científico, que a las 12 semanas, el bebé no nacido ya ha desarrollado las partes del cuerpo que hacen posible el sentir dolor, incluyendo todos los nervios, la médula espinal y el tálamo [6].

Sin embargo, ello no es todo, vamos a suponer, simplemente por hipótesis, que el ser humano no nacido no siente dolor durante esa etapa de la gestación. ¿Acaso por ese motivo no sería un homicidio el matarlo en ese momento o dejaría de ser un ser humano porque no siente dolor? ¡Qué clase de disparate es ése! Lamas habla del “proceso que lo convertiría en un ser humano”. No Sra. Lamas, el bebito o la bebita por nacer no se convierte en un ser humano después de doce semanas de gestación, ya ES un ser humano desde el momento de la concepción. Eso no lo dice la religión, a la cual usted quiere taparle la boca en su sociedad “democrática” y “pluralista”, eso lo dicen unánimente los especialistas en embriología humana, que son los que más saben en el mundo entero sobre el ser humano no nacido. VHI acaba de publicar un libro en el cual se citan las veinte fuentes científicas de embriología humana más prestigiosas del mundo, todas las cuales afirman categóricamente que la vida del ser humano comienza en la concepción, y no en la implantación o a las 12 semanas de gestación, como Lamas y toda una plétora de abortistas pretenden patéticamente hacernos creer [7].

El próximo 12 de abril del 2007, se comenzará a debatir en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), un proyecto de ley que pretende despenalizar el aborto a petición en la capital mexicana durante las primeras 12 semanas del embarazo. Incluso, sus promotores quieren extender esta liberalización del aborto a todo el país. El proyecto es impulsado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que tiene mayoría en la ALDF. La fecha de la votación final ha sido fijada para el próximo 24 de abril del 2007 [1,2].

Durante los próximos días, la capital de México corre el grave peligro de sufrir la legalización del aborto a petición y sin el derecho a la objeción de conciencia. Para colmo de males, la ONU ha entrometido sus fauces abortistas en la nación mexicana. La prestigiosa agencia noticiosa ACI PRENSA publicó en su boletín ACI Digital, que la ONU “se involucró en el debate sobre la legalización del aborto en el país, ofreciendo ‘informar’ a la sociedad mexicana para que pueda combatir ‘el aborto clandestino’" [1].

Ya sabemos que lo de “informar” sobre la “lucha” contra el aborto clandestino no es otra cosa que la promoción de la legalización del aborto, con la falsa pretensión de que éste sea “seguro” para la mujer (a la ONU no le importa para nada el niño o la niña por nacer). En la edición del 2000 de su boletín oficial, la Organización Mundial de la Salud (OMS), que pertenece a la ONU, dijo claramente: “La legalización del aborto es un prerrequisito esencial para hacerlo seguro … Para hacer el aborto seguro, es necesario que las leyes restrictivas sean anuladas, enmendadas o reemplazadas” [2].

Sin embargo, es de capital importancia indicar que en ningún documento oficial de la ONU se dice que hay que legalizar el aborto. Por consiguiente, la opinión vertida en el boletín oficial de la OMS, por más que constituya un peligro real, por gozar la OMS de un falso “prestigio” internacional, no deja de ser una injusta aseveración que no tiene ningún poder vinculante para ninguna nación del mundo. De hecho, esa descarada y repugnante aseveración de la OMS contradice directamente el propio texto del documento final de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, llevada a cabo en El Cairo en 1994, por otro organismo abortista, el Fondo de Población de la ONU (FNUAP o UNFPA, por sus siglas en inglés) [3]. El texto del Programa de Acción de El Cairo (CIPD), en el número 8.25, comienza diciendo textualmente: “En ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia” [3].

Desgraciadamente, la ONU tiene un poder de influencia tan grande, que la mayoría de los legisladores de Ciudad México se han doblegado servilmente ante la injerencia abortista de esta entidad internacional. La diputada Maricela Contreras Julián, al presentar el proyecto abortista declaró la siguiente falsedad: “Consideramos imprescindible armonizar la legislación federal con los tratados internacionales en la materia” [4]. El organismo civil abortista, que ostenta el eufemístico nombre de Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), también incurrió en el mismo error, cuando su “análisis” fue citado por el diario mexicano La Jornada, en el cual se afirmó el siguiente disparate: “México ha suscrito al menos cinco tratados internacionales que lo obligan moral y jurídicamente a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre ellos el acceso al aborto seguro” [5]. Los tratados que presuntamente “obligan” a México a legalizar la matanza de niños y niñas por nacer son la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará); la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y la Conferencia sobre la Mujer de Pekín [5]. Reiteramos: ello es una burda falsedad, ninguno de estos tratados dice absolutamente nada de la obligación de legalizar el aborto por parte de un país que los haya firmado.

¿Por qué, entonces, se atreven estos funcionarios, organizaciones y medios de comunicación a difundir semejante disparate? En otro artículo de este boletín de VHI se explica cómo los comités encargados de “interpretar” estos documentos de la ONU, los manipulan para que sus textos “digan” que existe un “derecho humano” al crimen abominable del aborto.  

El entreguismo de los legisladores mexicanos abortistas ante la injerencia antivida de la ONU es realmente bochornoso. Es verdaderamente insólito el paralelismo que existe entre las autoritarias declaraciones de la diputada Contreras, citadas arriba, y las prepotentes aseveraciones de la OMS en su boletín del 2000, del cual ya también hemos citado. Ambas fuentes dicen que no puede haber demora en la práctica del aborto. El boletín de la OMS dice que “mientras más temprano en el embarazo se practique el aborto, más seguro será para la salud de la mujer y menos complicado para el proveedor” [6]. La diputada Contreras dijo algo muy similar al afirmar que “la interrupción del embarazo sea dentro de las 12 primeras semanas de gestación, que es el período considerado biomédicamente como de menor riesgo para las mujeres [y que] las mujeres puedan acceder con eficacia y prontitud, sin poner en riesgo su salud y su vida a la interrupción legal del embarazo” [4].

El paralelismo entre lo que dice la OMS y lo que dijo Contreras, el cual denota el bochornoso sometimiento ante la ONU de los legisladores mexicanos abortistas, se manifiesta también en la antidemocrática violación por parte de ambos del derecho humano fundamental a la objeción de conciencia. En efecto, el boletín de la OMS utilizó la premura citada arriba por realizar el aborto, para “justificar” la anulación de las leyes que protegen la objeción de conciencia: “Por consiguiente, por razones de salud pública, se deben evitar las regulaciones que tienden a posponer el procedimiento, entre esas regulaciones se encuentran … las cláusulas de ‘objeción de conciencia’ que favorecen a los proveedores que deciden no participar” [6]. La diputada Contreras se hace eco de esta supremamente injusta opinión, proponiendo una igualmente draconiana violación de los derechos de conciencia, al decir lo siguiente:  “Resulta necesario establecer la objeción de conciencia para los profesionales de salud que deseen atenerse a ella, como expresión de un sentir individual que no excluye de ningún modo la responsabilidad institucional. De ahí que se establezca la obligación del sector salud para garantizar que en los centros hospitalarios se cuente con personal no objetor de manera permanente y en caso de que se encuentre un objetor se remita a la usuaria a otro médico, de manera oportuna” [4]. En otros palabras, si en una institución de la salud el personal no quiere practicar el aborto, esa institución tiene que buscar a otro profesional de la salud que sí lo practique. La ONU y ahora sus acólitos mexicanos no sólo quieren que se maten a los niños y niñas por nacer bajo el amparo de “leyes” inicuas, sino que también quieren que la práctica de este crimen sea obligatoria.

¿Está de acuerdo el pueblo mexicano con esta servil genuflexión de buena parte de sus legisladores capitalinos ante la injerencia abortista de la ONU?

Notas:

Douglas Sylva y Susan Yoshihara, del Instituto Católico para la Familia y los Derechos Humanos (C-FAM, por sus siglas en inglés), han publicado un artículo en la revista del Centro Nacional Católico de Bioética, ubicado en Filadelfia, EEUU, en el cual denuncian las frecuentes manipulaciones de los textos de los tratados internacionales, por parte de activistas abortistas del sistema de supervisión de derechos humanos (DDHH) de la ONU, con el objeto de impulsar el aborto a petición en todo el mundo como si fuese un “derecho humano”.

Titulado “Rights by Stealth” (“Derechos a hurtadillas”), el artículo pone al descubierto la existencia de una compleja red de académicos, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y colaboradores de la ONU, que trabajan al unísono para perpetuar un patrón de interpretaciones falsas de los DDHH existentes, para así crear un nuevo “derecho” al aborto.

Sylva y Yoshihara afirman que en vez de influir directamente en los votantes, estos abortistas se dedican a perfeccionar su conocimiento y dominio del funcionamiento del poco conocido y complejo sistema interno de DDHH de la ONU. Según los autores, el punto de partida de los abortistas es su “argumento” de que los “derechos sexuales y reproductivos” (= aborto) constituyen elementos necesarios de toda una gama de DDHH, que ya han sido reconocidos por la comunidad internacional.

La  investigación que Sylva y Yoshihara emprendieron y que culminó en su importante artículo, comenzó con una reunión que tuvo lugar en Glen Cove, Estado de Nueva York, en 1996. Los que se reunieron eran miembros del abortista Fondo de Población de la ONU (FNUAP o UNFPA, por sus siglas en inglés), la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y un grupo de ONGs, previamente elegidas.

Los participantes se reunieron para desarrollar una estrategia integral para “determinar cómo se podría encontrar el derecho al aborto a petición en normas internacionalmente aceptadas, como el derecho a la vida”. El artículo de estos autores provida se funda en fuentes primarias derivadas de esa reunión y en otros documentos, y demuestra cómo la estrategia abortista depende del secretismo, el socavar las soberanías nacionales y el nunca admitir públicamente el hecho de que las leyes internacionales no incluyen un “derecho” al aborto.

Según Sylva y Yohsihara, los organismos encargados de la supervisión de los tratados internacionales se encuentran en el centro de la estrategia. Los promotores de la agenda abortista intentan convencer a los demás miembros del sistema de supervisión de DDHH de la ONU, de que “los tratados internacionales, tal y como éstos han sido negociados, no son cuestiones fijas, sino documentos vivientes y mutables”. De esa manera, los abortistas del sistema de la ONU pueden intentar reinterpretar los DDHH de tal forma que incluyan un “derecho” al aborto. Los autores también explican que los que realizan estas reinterpretaciones no son los representantes de los gobiernos, sino los miembros de los organismos o comités encargados de los tratados internacionales, quienes no rinden cuentas a ningún gobierno o ciudadanía. 

Sylva y Yoshihara aseveran que esta estrategia se ha desplegado en proporciones alarmantes. Para demostrarlo, los autores citan numerosos casos en los cuales los expertos de estos comités han reprendido a diferentes naciones soberanas por haber limitado el acceso al aborto, a pesar de que ninguno de los tratados internacionales de DDHH menciona el aborto como un “derecho” humano. Sylva y Yoshihara también afirman que América Latina es uno de los blancos principales de esta estrategia abortista. Hace apenas un mes, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que está encargado de supervisar el cumplimiento de la Alianza Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), cuestionó a Chile por sus leyes que prohíben el aborto.

Según los autores, la situación actual parece insostenible, ya que socava el propio sistema de DDHH que lo abortistas necesitan para impulsar su agenda. Al igual que el movimiento de “derechos humanos” de las feministas antivida, estos abortistas se han dado cuenta de que su estrategia es elitista. A pesar de contar con un abundante financiamiento por parte de fundaciones privadas y de ONGs antivida, tienen muy poco apoyo a nivel de la base y han fracasado estrepitosamente en su intento de “ayudar” a las mujeres de bajos recursos.

Sylva y Yoshihara concluyen su excelente artículo recomendando políticas para ayudar a la restauración de la legitimidad del sistema de tratados de DDHH y expresan su “esperanza de lograr un auténtico progreso por el bien de las mujeres que más lo necesitan”.

El Centro de Derechos Reproductivos, cuya sede se encuentra en Nueva York, es considerado el brazo legal de la “cultura” de la muerte. La agenda principal de este grupo de abogados antivida es imponer la legalización del aborto a través de los tribunales nacionales e internacionales. El Centro sabe que los pueblos de muchos países no quieren que sus leyes provida sean anuladas. Por consiguiente, para evitar el proceso democrático, el Centro utiliza la estrategia elitista de la vía judicial o del “alto impacto”. El blanco principal del Centro son los países latinoamericanos, cuyas sociedades y leyes todavía reflejan la cultura de la vida [1].

En este contexto internacional, el Centro dice falsamente que los tratados internacionales han creado un “derecho humano internacional” al aborto. Con esa falsedad, el Centro intenta obligar a los gobiernos que han firmado estos tratados a que legalicen el aborto. El Centro se ha convertido a sí mismo en el “gran inquisidor” , cuya “misión” es llamarles la atención a aquellos gobiernos que todavía no han legalizado el aborto, para que se dobleguen y lo hagan. De esa manera, por ejemplo, el Centro y otras organizaciones internacionales abortistas, muchas de ellas con sede en EEUU, han estado involucradas recientemente en México, Colombia y Nicaragua, promoviendo implacablemente la legalización del aborto [2]. Han llevado a cabo sus odiosas actividades ante los más altos tribunales de esos países o ante tribunales internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, el hecho es que ningún tratado internacional dice que el aborto sea un “derecho humano”. Por consiguiente, ningún país –y, en particular, ningún país latinoamericano—tiene ninguna obligación de legalizar el aborto, simplemente porque un tratado internacional presuntamente “diga” que tiene que hacerlo. ¿Por qué, entonces, el Centro y sus aliados pueden salirse con la suya, y continúan presionando a los gobiernos para que anulen sus leyes provida y las reemplacen con leyes abortistas?

La respuesta se encuentra en cómo el Centro utiliza el sistema de la ONU que supervisa el cumplimiento, por parte de los gobiernos, de los tratados internacionales de derechos humanos que éstos han firmado. La ONU ha establecido comités que se encargan de la interpretación de estos documentos y de la supervisión del cumplimiento de los mismos. Estos documentos han sido emitidos como resultado de las conferencias internacionales de la ONU. Las más influyentes de estas conferencias han sido la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, 1979); la Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989); la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Conferencia Internacional sobre la Mujer (Pekín, 1995). Ninguno de los documentos finales emanados de esos foros, repetimos, ha establecido ningún “derecho humano internacional” al aborto. El problema es que los comités de la ONU que los interpretan están integrados en su mayoría por activistas abortistas, que no tienen que rendirle cuentas a ningún gobierno ni a sus ciudadanos, sino que responden a los intereses abortistas de organizaciones no gubernamentales (ONGs) internacionales, que gozan de mucho poder e influencia, cuya acreditación ante la ONU ha sido convenientemente privilegiada y agilizada, y que reciben financiamiento de gobiernos abortistas del primer mundo o de fundaciones privadas de EEUU [3].

Estos comités proyectan su propia lectura abortista en estos documentos y dicen que los mismos contienen un presunto “derecho humano internacional” al aborto. Esta falsa interpretación la repiten una y otra vez en cuanta oportunidad se les presenta: los foros de seguimiento a las conferencias internacionales de la ONU, las conferencias regionales, las reuniones especiales con parlamentarios, las entrevistas en los medios, sus propias publicaciones, los seminarios “educativos” en diferentes naciones, etc. [3] Por ejemplo, los miembros de estos comités y de las ONGs abortistas han estado repitiendo falsamente, durante los últimos doce años, que hubo un presunto “consenso” en la Conferencia de El Cairo respecto de los “derechos sexuales y reproductivos”, los cuales incluyen, según su también falsa interpretación, un “derecho humano” al aborto [4].

En este ambiente de una falsedad que ha sido repetida ad nauseam, los abortistas del Centro se presentan ante los gobiernos latinoamericanos, diciendo que hay un presunto “derecho” al aborto en los tratados internacionales. Entonces les dicen a esos gobiernos que tienen que legalizar el aborto o que no pueden negarse a autorizarlo si éste ya es legal en algunos casos, porque los tratados internacionales que han firmado los “obligan” a ello. De esa manera, “el 8 de marzo del 2006, el Centro y sus socios mexicanos lograron un acuerdo histórico con el gobierno mexicano en un caso que involucró a Paulina, una chica de 13 años que había quedado embarazada como resultado de una violación, pero a quien luego le habían negado el acceso a un aborto legal” [5]. Aparte del hecho de que el aborto es un acto intrínseca y gravemente inmoral en todos los casos, incluyendo la violación, no es verdad que el embarazo de Paulina fue el resultado de ese acto sexual criminal. Las pruebas de ADN han arrojado que el hijito de Paulina, Isaac, que ahora tiene 5 años, no es el hijo del violador [6].

Lamentablemente, sin embargo, el caso de Paulina fue intensamente manipulado por los medios antivida mexicanos y por los abortistas del Estado de Baja California, donde ocurrió el hecho. Esta situación le permitió al Centro llevar este caso ante la CIDH en el 2002 y lograr un acuerdo en el 2006, por medio del cual el gobierno mexicano se comprometió, entre otras cosas, a indemnizar a Paulina, financiar la educación de su hijo y emitir un decreto para reglamentar el acceso al aborto para las víctimas de la violación. Uno se pregunta qué pensará Isaac el día que tenga mayor uso de razón y se dé cuenta de que su mamá recibió dinero del gobierno, ¡porque éste no le permitió a ella matarlo por medio del aborto!

Pero lo peor de todo este fiasco “judicial” fue el “reconocimiento” que el gobierno de México hizo del aborto como un “derecho” humano. Según el propio Centro, este caso marcó un “hito”, porque el mismo constituyó “la primera vez que un gobierno latinoamericano ha reconocido que el acceso al aborto legal es un derecho humano, y ahora el gobierno mexicano tiene la obligación de garantizar que este derecho no sea violado” [7]. Envalentonado por este monstruoso reconocimiento y por la igualmente monstruosa sentencia de la CIDH, inmediatamente el Centro se puso a maquinar para ampliar más aún la legalización del aborto en México. Con ese propósito, del 26 al 27 de abril del 2006, el Centro se reunió con GIRE, un poderoso grupo mexicano de feministas abortistas [8]. Más adelante, durante ese mismo año del 2006, los verdugos del Centro le enviaron una carta al Comité del CEDAW, en la cual “enfatizaban el fracaso del gobierno mexicano en cuanto a garantizar los derechos de salud reproductiva en sus leyes, políticas y prácticas” [9]. En esa carta, el Centro utilizó el caso de Paulina, que había ganado ante la CIDH, para promover con más ahínco aún la legalización del aborto en ese país. Citemos de nuevo los comentarios del Centro respecto de su propia misiva: “La carta indicó los obstáculos que las mujeres continúan enfrentando para tener acceso al aborto seguro, a pesar del reciente reconocimiento, por parte del gobierno –en un acuerdo en el caso presentado por el Centro, Paulina Ramírez v. México—de su deber de garantizar el derecho al acceso al aborto en circunstancias en las cuales éste es legal” [9]. En esta carta, el Centro utilizó como estrategia el mismo mito del aborto legal y “seguro” que fue empleado, hace ya más de 30 años, en EEUU para legalizar el aborto, y que, desde entonces, ha sido utilizado en todas partes por cuanta organización abortista existe bajo el sol.

Como resultado de estas actividades draconianas del Centro, en septiembre del 2006, el Comité del CEDAW, “en su supervisión del cumplimiento, por parte de México, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, expresó su preocupación acerca de las elevadas tasas de mortalidad materna y la falta de acceso al aborto seguro y a los anticonceptivos en México … el Comité le recomendó al gobierno mexicano extender la cobertura de la atención a la salud reproductiva y los servicios de planificación familiar, y desarrollar una amplia estrategia, para garantizar el acceso eficaz al aborto seguro y a los métodos anticonceptivos” [9].

Por supuesto, los arrogantes miembros del Centro no pudieron dejar de jactarse de esta “victoria” abortista: “El Centro se siente complacido de que el Comité [del CEDAW] haya presentado estos importantes asuntos en sus recomendaciones, y abriga la esperanza de que el gobierno mexicano tome en serio las observaciones del Comité y dé pasos inmediatos para implantar sus recomendaciones” [9].

Lamentablemente, la legislatura de Ciudad México se ha doblegado bochornosamente ante las “recomendaciones” del CEDAW, orquestadas por los prepotentes abogados del Centro. En estos momentos, los legisladores de la capital mexicana están considerando un proyecto de ley que pretende legalizar el aborto a petición durante las primeras doce semanas del embarazo. La situación es extremadamente peligrosa, porque los legisladores abortistas son mayoría y, si logran imponerse, intentarán extender la legalización del aborto a todo el país. Si esto último ocurre, pudiera tener un devastador efecto dominó en el resto de la región.

Por favor, ¡rece por México!

Notas:

VHI llevó a cabo una investigación durante la cual descubrió que, desde al menos 1997, ciertas fundaciones antivida de EEUU han estado enviando fondos a varias organizaciones mexicanas, para la promoción de los eufemísticamente llamados “derechos reproductivos” o “salud reproductiva”. El movimiento antivida interpreta estos términos como el “derecho al aborto legal y seguro”. Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y GIRE, dos de las principales organizaciones que están promoviendo la legalización del aborto en México, recibieron cientos de miles de dólares. Por ejemplo, una sola fundación de EEUU, la Fundación John D. y Catherine MacArthur, le otorgó más de medio millón de dólares a la CDD y $270.000 a GIRE en un período de tres años. En el próximo boletín electrónico, VHI publicará una relación más amplia de estas donaciones.

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