El pasado 21 de enero del 2002, el Gobierno de Chile retiró de la convocatoria de la legislatura extraordinaria el Protocolo Facultativo de la Convención Internacional contra todas las Formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). El retiro de dicho protocolo se debió a la intervención de la Iglesia Católica del país sudamericano, especialmente del Cardenal Francisco Javier Errázuriz, Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile.

Uno se preguntaría por qué una institución como la Iglesia, comprometida como ninguna otra con la dignidad y los derechos de la mujer, se opone a un instrumento jurídico que presuntamente promueve dicha dignidad y dichos derechos. La respuesta es que el CEDAW, emitido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1979, ha sido objeto de interpretaciones favorables al aborto y a un concepto ambiguo de familia en la Conferencia sobre la Mujer, llevada a cabo por la misma ONU en Pekín, en 1995. El Cardenal Errázuriz lo aclaró muy bien en su atinada intervención ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de ese país:

"Esta Convención y la Plataforma de Acción de Pekín presentan problemas que exigen vigilancia. Por una parte, manifiestan una visión unilateral de la mujer, por no valorar en todas sus dimensiones la maternidad y la salud de la mujer, y no prestarle suficiente atención a la relación de la mujer con la familia. Por otra parte, introducen ambigüedades jurídicas, que dificultan su implementación así como el control de la aplicación, ya que utilizan conceptos nuevos que la misma Convención no define, como son la identidad de ‘género', y el concepto de ‘derechos reproductivos'.

"La identidad de género, como la definía recientemente un director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es ‘la convicción personal íntima y profunda que se pertenece a uno u otro sexo en un sentido que va más allá de las características cromosómicas y somáticas propias'. Esta definición opta por subjetivizar la identidad sexual, y da paso a la libre elección del propio sexo, independientemente de la identidad biológica, de hombre o mujer. Así lleva a pensar que la identidad sexual no es dada sino elegida, y que es fruto de una serie de condicionamientos externos. Implica la homologación de la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad, con la heterosexualidad. Implica más adelante una desnaturalización del mismo concepto de matrimonio. Es de interés señalar que hace escasos años el Ministerio de Educación [de Chile] tuvo que retirar un manual de educación sexual que había distribuido, y que indicaba exactamente la edad en la cual cada adolescente debe elegir su propio género, es decir, su identidad sexual.

"Los derechos reproductivos, en el lenguaje de la ONU, recogen el derecho de la mujer al uso de su cuerpo, y lleva aparejado el derecho al ‘embarazo deseado'. Esto significa, para quienes impulsan esta comprensión, el derecho a ejercer con total autonomía la opción de aceptar o no un embarazo en curso, teniendo presente siempre que continuar con un embarazo no deseado es una de las más graves expresiones de la violencia de género.

"Estas dos ambigüedades de la Convención, en temas de gran gravitación ética y cultural, que son aclaradas por definiciones que otras autoridades proporcionan, nos inducen a cuestionar la modalidad de la firma de la Convención, de la Plataforma de Acción de Pekín y del Protocolo Facultativo por parte de nuestro país."

Obsérvense los términos eufemísticos que el Cardenal valientemente desenmascaró para dejar bien claro que, lejos de favorecer a la mujer, este tipo de documentos lo que hacen es entrometer su ideología antivida y antifamilia en países como Chile, cuyas leyes defienden la vida humana desde la concepción y la familia.

El Cardenal reconoció que Chile, en cuanto a los derechos de la mujer, tiene "un camino largo por recorrer, si bien se ha avanzado en la superación de esa discriminación que se refleja en la desigualdad de oportunidades y retribuciones. Pero superarla plenamente exige sobre todo una revisión y sustitución de estructuras mentales, de actitudes y sentimientos."

Y terminó su brillante exposición diciendo: "Nada justifica que nuestro país no crea en su propia capacidad de superar la discriminación de la mujer, y pida para ello una intervención externa con algunos parámetros que distorsionan gravemente el Convenio. Nuestras instituciones públicas bien pueden asumir la responsabilidad de buscar caminos para que la dignidad de la mujer sea plenamente reconocida y sus derechos respetados."

Vida Humana Internacional desea expresar su más sentida felicitación y agradecimiento a Su Eminencia por sus valientes palabras que han frenado, al menos por el momento (esta batalla va a continuar), la introducción en Chile de una ideología contraria a los valores auténticos y la cultura del amado país sudamericano.