El 17 de julio de 1998, fueron establecidos en Roma la Corte Criminal Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) y sus estatutos, por votación de 66 países que son estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

A mediados de diciembre de 1999, los delegados de la ONU decidieron retirar de los estatutos de la ICC la protección explícita a la familia tradicional. Una coalición de 11 estados árabes había propuesto que los estatutos de la ICC sobre los crímenes de guerra, sobre todo el que prohíbe la esclavitud, no afectaran los asuntos familiares, tal y como éstos son entendidos por las distintas leyes de los estados miembros. Los estados de esta coalición temían que algunas de sus tradiciones familiares fueran consideradas criminales en dichos estatutos, como por ejemplo, la costumbre de que la esposa permanezca en el hogar.

El Comité de Mujeres (Women's Caucus), compuesto por feministas extremistas, acusó a la coalición árabe de "excluir a toda una categoría de ofensores". Los que estaban de acuerdo con la coalición de los países árabes señalaron que lo que estos países proponían era solamente que se excluyera del estatuto condenando la esclavitud a los padres de familia, los esposos, los líderes religiosos y otras personas que apoyan los roles tradicionales en la familia. Es decir, si bien es cierto que el obligar a una mujer a permanecer en el hogar es un abuso, por otro lado, a las mujeres que así lo deseen se les debe respetar su derecho a ser madre y ama de casa, sin verse obligadas a trabajar fuera del hogar so pena de que lo contrario sea considerado un "acto criminal" cometido por el esposo o por el gobierno del país en cuestión.

Pero la propuesta árabe fracasó y muchos observadores temen que la ICC será utilizada por los grupos extremistas para la ingeniería social y para atacar a la familia tradicional.

El lamentable hecho también demuestra que el movimiento a favor de la familia presente en reuniones de la ONU sólo puede trabajar a la defensiva. Como la ONU funciona a base de consensos, en el que cada palabra de un documento debe ser aprobada por todas las delegaciones, los grupos a favor de la familia, los cuales siempre son minoría en estas reuniones, sólo pueden impedir las expresiones de dudoso contenido ético y en pocas ocasiones tomar la iniciativa en hacer propuestas.

De hecho, los grupos extremistas feministas y de otra índole se caracterizan por proponer expresiones legales de significación ambigua, para luego reinterpretarlas más adelante a su gusto. Una de esas expresiones, por ejemplo, es el término "salud reproductiva", que en realidad significa el uso de anticonceptivos abortivos y del aborto.

Fuente: "Protection for Families Dropped From New International Criminal Court," Friday Fax, vol. 2, no. 5, 17 de diciembre de 1999.