Buenos Aires, 16 de agosto del 2000 - ¡Piden inconstitucionalidad de la salud reproductiva!

La Liga de Amas de Casa, la Asociación Pro-Familia (afiliada a Human Life International) y siete matrimonios con hijos menores de edad, presentaron ayer demandas judiciales contra la Ley de Salud Reproductiva, sancionada el mes pasado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Las entidades demandantes pidieron al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad que declare inconstitucional la norma porque violaría el derecho a la vida tutelado desde el momento mismo de la concepción por la Constitución, los tratados internacionales y la leyes. Ello ocurriría en razón de que la ley dispone la prescripción de dispositivos intrauterinos (DIU), que tienen alto riesgo abortivo, y de ciertos métodos hormonales que incluyen implícitamente la llamada píldora del día después, de indudable efecto abortivo.

La demanda se fundamenta en investigaciones del profesor de Ginecología de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Guillermo Di Paola y en un extenso dictamen del Departamento de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral.

En razón de lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 113, si el Superior Tribunal declarase inconstitucional la Ley de Salud Reproductiva, ésta perdería automáticamente vigencia y debería dictarse una nueva.

Por otra parte, siete matrimonios iniciaron acciones de amparo contra el Gobierno de la Ciudad ante la Justicia Nacional en lo Civil. Juan Miguel Richards, uno de los padres demandantes, sostiene que la norma es inconstitucional porque al ordenar que los Hospitales Municipales prescriban métodos anticonceptivos a menores de edad, la ley no exige la autorización expresa de los padres. "No puede ser", afirma Richards, "que para ir a un campamento mi hija de 15 años necesite mi permiso y que, en cambio, no lo necesite para que un médico le coloque un anticonceptivo que puede dañar su salud física y espiritual. No es el Estado, sino mi mujer y yo, quienes tenemos el derecho y el deber de decidir lo mejor para nuestros hijos menores, en el contexto de un diálogo sincero con ellos". Santiago Legarre, uno de los abogados de los matrimonios demandantes, explicó que la petición tiene fundamento en el Tratado Internacional sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional. "El Tratado", sostuvo el letrado, "con el fin de proteger a los menores de 18 años de edad, establece que las cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen de manera indelegable a los padres. La Argentina se comprometió frente a todo el mundo civilizado a cumplirlo y debe, por tanto, honrar sus compromisos internacionales". "Además", añadió, "los preceptos del Código Civil sobre patria potestad también otorgan plena razón al pedido de los matrimonios demandantes".

Las presentaciones judiciales reseñadas son promovidas por grupos sin filiación religiosa y patrocinadas por profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Austral, Católica Argentina (UCA) y Notarial Argentina (UNA). Uno de ellos señaló que son las primeras de una catarata de juicios en contra de la ley.

No deja de ser relevante, especialmente por la presión que ello puede ejercer sobre el Gobierno, que las demandas se insertan en el contexto de las recientes declaraciones de Mons. Estanislao Karlic, en representación de la Conferencia Episcopal Argentina. En efecto, el prelado anunció, la semana pasada, la preocupación de la Iglesia por las Leyes de Salud Reproductiva y manifestó que pronto los obispos emitirán un documento anunciando su postura.