El pasado 23 de octubre, la Comunidad Autónoma de Cataluña aprobó una infame ley que les concede ciertos "derechos" a las parejas llamadas "de hecho". Entre estos nuevos y extraños "derechos" están: la herencia de los bienes del conviviente, en el caso de la muerte de éste; y los mismos derechos laborales que un matrimonio, en el caso de que los miembros de la pareja sean funcionarios del gobierno de Cataluña. También les reconocen el "derecho" a adoptar niños a las parejas heterosexuales --a las homosexuales todavía no. Ello no significa que la nueva ley favorezca a los heterosexuales, ya que el requisito para el reconocimiento de las parejas heterosexuales es que hayan convivido un mínimo de dos años (en el caso de que no tengan hijos). Sin embargo, en el caso de los homosexuales, no se les requiere ningún período de convivencia, sino la formalización de su relación mediante un documento notarial. Nos parece que de ahí a la exigencia de que se legalicen los "matrimonios" homosexuales y luego la adopción de niños dista sólo un paso.

Ante esta ley tan degradante para el matrimonio y la familia, el Papa Juan Pablo II alzó valientemente su voz para alertar sobre las "enormes y numerosas confusiones" que la misma causará en la sociedad. El Santo Padre hizo sus declaraciones precisamente ante la presencia del Presidente de Cataluña, Jordi Pujol, que se encontraba en el Vaticano participando en una audiencia junto con otros políticos. El Pontífice deploró el equiparar al matrimonio estas "uniones", tanto las heterosexuales de hecho como las homosexuales.

Además de los grupos homosexuales, la nueva ley recibió el apoyo de los partidos de izquierda, que la consideran "un gran paso adelante, pero insuficiente". Evidentemente dichos grupos quieren lograr una eventual equiparación entre estas falsas "uniones" y el legítimo matrimonio, vaciando a éste último de sentido y dignidad.

Por su parte, Pujol dijo que "un político debe tomar decisiones que en su intimidad no querría adoptar". Nos parece que la posición de Pujol es similar a la de algunos políticos de Estados Unidos que se consideran "católicos", pero que al mismo tiempo intentan justificar su postura a favor de leyes proabortistas diciendo: "Personalmente me opongo al aborto, pero..." Alguien debería preguntarles a estos políticos si dirían lo mismo de otras leyes injustas como aquellas que favorecieran la discriminación racial, la injusticia social o la violación sexual.