El 28 de febrero del 2001, el Senado del Estado de Kentucky, Estados Unidos, aprobó un proyecto de ley sobre una cláusula de conciencia que les permite a los farmaceutas negarse a aceptar recetas de "medicamentos" cuyo principal propósito sea el de ponerle fin a un embarazo. Los farmaceutas que se oponen a estas recetas por razones morales, religiosas y profesionales serán objeto de la protección de la ley ante las demandas judiciales y la discriminación laboral.

Sin embargo, según Mike Mayers, Presidente de la Asociación de Farmaceutas de Kentucky, el ya mencionado proyecto de ley podría ser debatible, debido a que la Asociación de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) les prohíbe a los farmaceutas la dispensación de mifepristone o RU-486, el cual, según la opinión de la FDA, es el único fármaco aprobado por esa entidad del gobierno con el expreso propósito de ponerle fin a un embarazo, es decir, de abortar. Mifepristone sólo puede ser recetado y dispensado por los médicos que tengan licencia para practicar abortos.

Algunos de los que defienden la vida dijeron que esta ley "no fue lo suficientemente lejos" y propusieron una enmienda para extender la protección de la ley a los farmaceutas provida que también se oponen a la "anticoncepción de emergencia", ya que ésta también es abortiva. Lamentablemente, sin embargo, esa enmienda no fue aprobada.

Dakota del Sur es el único estado de Estados Unidos que tiene una cláusula de conciencia que protege a los profesionales de la medicina que se niegan a recetar o dispensar fármacos abortivos. Dicha cláusula de conciencia también protege a los profesionales provida de la medicina que se niegan a suministrar fármacos para el suicidio o la eutanasia.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de ese mismo país, varios estados han propuesto cláusulas de conciencia o han debatido su aprobación.

El problema para los farmaceutas provida, y otros profesionales de la medicina que también respetan la vida, es que todas las píldoras anticonceptivas, los dispositivos intrauterinos (DIU o IUD, por sus siglas en inglés), el Norplant y la Depo-Provera, entre otros, también son abortivos. Se necesita una cláusula de conciencia que les permita a estos profesionales negarse a recetarlos y a distribuirlos --de hecho, a negarse a cualquier tipo de colaboración con su receta o dispensación. Este tipo de cláusula también es muy necesaria, por ejemplo, en América Latina. Pues a pesar de que afortunadamente el aborto está prohibido en la mayoría de los países de ese continente, sin embargo, los ya mencionados anticonceptivos se dispensan, incluyendo la "anticoncepción de emergencia". Claro, en realidad lo que haría falta es la aplicación de las leyes en esos países que ordenan la protección de la vida humana desde la concepción y que prohíben el aborto. Y si no existen dichas leyes, se necesita proponerlas, aprobarlas y hacerlas cumplir.

Fuentes: "KY Senate Passes CC by Landslide," PharmFacts E-News, 5 de marzo del 2001, AD #12.