Uno de los principales logros del Congresista Todd Tiahrt, de Estados Unidos, ha sido el impedir que ese país otorgue fondos a gobiernos que han obligado a las mujeres a someterse a la esterilización, a practicarse un aborto o a utilizar anticonceptivos.

A finales de marzo del 2000, Tiahrt y dos colegas pidieron que se investigue si estas violaciones a los derechos humanos persisten en los programas de ayuda al extranjero que reciben fondos de Estados Unidos. El Population Research Institute o PRI (Instituto de Investigación sobre asuntos de Población) ha dicho que es necesario que las leyes que el Congreso de Estados Unidos aprobó en 1998, para regular el suministro de fondos de ayuda al extranjero, sean más exigentes.

Cuando el Congreso aprobó dichas leyes en 1998, se señaló al Perú como un triste ejemplo de este tipo de violaciones a los derechos humanos. Ahora, otra vez se acusa al Perú de obligar a las mujeres a someterse a la esterilización contra su voluntad, o de ofrecerles alimentos o servicios médicos para que acepten usar anticonceptivos. Incluso, basándose en una investigación del PRI, Tiahrt escribió a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y les relató lo siguiente: "Se ha afirmado que por lo menos a una mujer le inyectaron la Depo-Provera durante su embarazo y, como consecuencia de ello, sufrió una pérdida. También se ha aseverado que se han impuesto metas e incentivos a los que proporcionan servicios de planificación familiar ". (El término "planificación familiar" se refiere a los anticonceptivos, incluyendo los que son abortivos, y a la esterilización.)

El informe del PRI ha conmovido a los legisladores del gobierno de Estados Unidos. Scott Weinberg, portavoz del PRI afirmó: "Los estadounidenses estarían preocupados si un gobierno extranjero estuviese llevando a cabo campañas de esterilización en los centros urbanos más pobres de nuestro país. Desde que se firmó la Enmienda Tiarht, nos hemos dado cuenta de que es relativamente fácil obtener testimonios de mujeres que informan que les han violado sus derechos humanos. Ello se ha obtenido sin lugar a dudas en el Perú, y tenemos informes de exactamente la misma cosa de Kenia y Tanzania."

Por su parte la USAID, que gasta el 11% de su ayuda económica al Perú en programas de planificación familiar y en otros programas relacionados, declaró que ha establecido mecanismos para supervisar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el apoyo a grupos que defienden dichos derechos, ha pagado para que se lleven a cabo sondeos independientes y ha realizado actividades de supervisión dentro del Ministerio de Salud del Perú. La agencia también dice que ha establecido un comité para asegurarse de que se haga cumplir la Enmienda Tiahrt.

Sin embargo, a Tiahrt le preocupan los conflictos de intereses que posiblemente puedan surgir con la supervisión de la USAID, supervisión que llevará a cabo precisamente el Ministerio de Salud del Perú, la misma agencia que está bajo investigación. Tiahrt está pidiendo que se realice una investigación formal por parte del gobierno de Estados Unidos y está pidiendo a colegas del Comité de Apropriaciones del Congreso de ese país que congelen los fondos para los programas de control demográfico en el Perú, hasta que la USAID haya informado al Congreso acerca de los resultados de sus investigaciones.

Tiahrt concluyó diciendo: "A las naciones se les puede juzgar por lo que hacen por su gente necesitada. Somos un pueblo que se compadece de los demás. Queremos ayudar a la gente pobre que sufre hambre y falta de ropa o servicios médicos. No queremos influir en la situación actual en que están viviendo con el objeto de obligarlos a que se esterilicen, se practiquen el aborto o usen anticonceptivos."

Fuente: Libby Quaid, "Kansas asks whether U.S. Aid Supports ‘Death Squads'," escritor de la Associated Press, 19 de abril del 2000.