El pasado 2 de julio (del 2001), el Tercer Tribunal de Apelaciones de Distrito del Estado de California emitió un infame fallo contra el departamento de Caridades Católicas de la ciudad californiana de Sacramento en relación con los anticonceptivos. La bochornosa e injusta decisión consistió en decretar que esta rama de la iglesia local tiene que aceptar la ley estatal que impone a los empleadores la inclusión de recetas para anticonceptivos en el seguro de salud de sus empleados.

Este un caso más de la falta de respeto hacia las convicciones éticas y religiosas de muchos ciudadanos y, en particular, una muestra del prejuicio anti-católico de no pocos jueces y funcionarios del gobierno.

La medida, además de promover la inmoralidad aún entre aquellos que la rechazan, constituye un peligroso precedente que podría repetirse en otros estados de Estados Unidos. Incluso, como observó agudamente, la Sra. Magaly Llaguno, Directora Ejecutiva de VHI, ello "podría pasar también en América Latina".

Esta triste situación pone en evidencia la gran necesidad que hay de elaborar leyes que protejan la objeción de conciencia de los católicos y todas las demás personas de buena voluntad que se oponen a los anticonceptivos, todos los cuales son dañinos para la salud, sobre todo de la mujer, y algunos de ellos causan abortos en las primeras etapas del embarazo.

Esperemos que el departamento de Caridades Católicas de Sacramento utilice su objeción de conciencia ante este abuso judicial.