Una larga y esperada disputa ha surgido en Washington, DC sobre los fondos que suministra el gobierno de Estados Unidos a las organizaciones que practican o promueven el aborto en otros países. La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés), la agencia que más promueve el aborto en todo el mundo, ha confesado que ha violado los reglamentos del gobierno estadounidense que rigen el uso del dinero que dicho gobierno le ha dado. La IPPF ha utilizado parte de esos fondos para practicar abortos en la India y en Uganda.

La disputa se centra en el texto de lo que se conoce como la "Política de Ciudad México", que les prohíbe a las agencias que promueven o practican el aborto en otros países recibir dinero del gobierno de Estados Unidos, o sea, de los contribuyentes de ese país. Durante este año fiscal se reinstituyó parte del texto de dicha política y se incluyó un reglamento que ordena que todas las organizaciones que reciban fondos del gobierno de Estados Unidos para el control demográfico tenían que garantizar que cumplirían con el texto de la "Política de Ciudad México".

La cantidad de $15 millones, de un presupuesto cuyo total era de $372 millones, fue apartada para los grupos que se negaron garantizar el ya mencionado reglamento, pero que sin embargo, prometieron no utilizar el dinero para el aborto. La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés), que es responsable de las políticas demográficas de Estados Unidos y de suministrar fondos para las organizaciones que operan en el extranjero, dijo que había 250 organizaciones más que se espera que también "garanticen" que no utilizarán, para el aborto, el dinero que el gobierno de Estados Unidos les suministre.

Uno de los puntos espinosos para el Congreso de Estados Unidos es que hay hasta diez organizaciones que se han negado a dar su "garantía" y, sin embargo, la USAID no ha identificado a ninguno de ellas. Bill Clinton, el Presidente de Estados Unidos, también se ha negado a dar a conocer los nombres de dichas organizaciones.

La IPPF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales han recibido respectivamente $5 y $2 millones durante este año fiscal, han confesado públicamente que se han negado a dar su "garantía". El Washington Times informó el 5 de octubre del 2000 que la IPPF ha vuelto a pagar $700.000 en subsidios para el aborto y su promoción. Ello ha surgido ante una auditoría del Congreso sobre este asunto. Marc Thiessen, portavoz del comité que realizó la auditoría, le dijo al Washington Times que "ha habido serias preocupaciones durante muchos años acerca del uso que la IPPF y sus filiales han hecho de los fondos para actividades que se relacionan con el aborto, y ahora tenemos la prueba de que la IPPF ha violado el acuerdo que ella misma subscribió con el gobierno de Estados Unidos". Thiessen también declaró que "las restricciones actuales con respecto a la planificación familiar [anticonceptivos abortivos] son poco más que un adorno administrativo". Otro miembro del personal del Congreso dijo: "La IPPF no se ha limitado simplemente a denunciar nuestras leyes, también las ha violado".

Los miembros del comité del Congreso que realizó la auditoría prometieron seguir luchando para que se lleguen a saber los nombres de las organizaciones que se han negado a dar su "garantía" y también para que no se elimine el texto de la "Política de Ciudad México".

Fuente: Austin Ruse, "Planned Parenthood Admits to Illegal Use of Funds for Abortion," Friday Fax, 5 de octubre del 2000, vol. 3, no. 45.