Washington DC, 5 Ene. 01 (ACI).- Esta semana entró en vigencia el protocolo opcional del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, una medida que permitiría a los grupos feministas obligar a los gobiernos nacionales a aceptar disposiciones que van desde la legalización de uniones homosexuales hasta el aborto.

La complicada norma permite llevar a una instancia internacional -regulada por la ONU- los casos particulares de mujeres individuales o grupos feministas que intentan legalizar a nivel local medidas antivida arguyendo discriminación por "cuestión de género" o violaciones de los "derechos de la mujer".

La directora del World Families Policy Center, Kaye Balmforth, advirtió en una entrevista concedida a la agencia LifeSite, que los países miembros de la ONU no deben sentirse obligados a aceptar las demandas feministas, "que buscan ante todo que el comité intervenga en las leyes y disposiciones del gobierno sobre los derechos del no nacido".

Balmforth explicó que Italia fue reprendida por el comité cuando todos los médicos de un hospital se negaron a efectuar abortos, al considerar la objeción de conciencia de los profesionales como "una violación de los derechos de la mujer", pero no pudo obligar a revertir la decisión de los médicos.

Asimismo, explicó que "no hay razón para que ningún país con sus propios mecanismos sobre los derechos humanos adopte el protocolo opcional" y estimó que la medida sólo "logra que los activistas antivida sobrepasen las cortes nacionales".

Balmforth indicó que esto sólo confirma que las "sugerencias tan radicales para los legisladores nacionales pasarán siempre por la ONU. Esto detendrá todo deseo democrático de las naciones que integran las Naciones Unidas".

Sin embargo, otros analistas consideraron que debido a la situación de dependencia de la mayoría de países en desarrollo con respecto a los fondos de ayuda de la ONU, no resultaría extraño que se logre una mayor presión internacional para legalizar el aborto o las uniones homosexuales a partir de este protocolo.

Washington DC, 19/07/99 (ACI).- Una organización pro-familia denunció en Nueva York a un Comité de las Naciones Unidas sobre derechos femeninos, por presionar a los gobiernos para que no promuevan la maternidad y exigir a las diferentes religiones cambiar la interpretación que dan a sus textos sagrados como parte de una campaña que busca promover el feminismo radical.

El Instituto Católico para la Familia y los Derechos Humanos con sede en Nueva York, afirmó, después de investigar los documentos y acciones del organismo de la ONU, que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha usado la convención internacional que sobre la materia se suscribió en 1979, para presionar a los 163 países que la ratificaron a implementar su visión del feminismo.

Recientemente, el cuestionado Comité le exigió al gobierno de Libia reinterpretar el Corán, texto sagrado del Islam, "a la luz de lo que propone la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (conocida como CEDAW por sus siglas en inglés)".

Aunque la CEDAW no lo menciona, el Comité ha reclamado al aborto como un derecho humano fundamental y ha exigido a varios gobiernos cambiar sus leyes en la materia. Por ejemplo, cuestionando que en México "falte el acceso" a abortos fáciles. El Comité también criticó a Italia por permitir que los médicos reclamen su derecho a la objeción de conciencia cuando no están dispuestos a practicar un aborto.

El Comité también criticó a Croacia -uno de los países más católicos de Europa Oriental- por permitir "a las organizaciones relacionadas con la Iglesia ejercer influencia sobre los derechos de las mujeres", y precisó a la República Dominicana que "un cruce de las esferas secular y religiosa" es un "serio impedimento para implementar la Convención".

El grupo también amonestó a Armenia por "no usar el sistema educativo y los medios electrónicos para combatir el estereotipo tradicional de la mujer `en su noble papel de madre'", y a la República Checa por "medidas que sobreprotegen al embarazo y la maternidad".