El 12 de marzo del 2001, la Asamblea Legislativa de Panamá aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el cual, para la Iglesia Católica, representa un instrumento legal que utilizan los países poderosos para obligar a los menos poderosos a legalizar el aborto.

Monseñor José Dimas Cedeño, arzobispo de Panamá, remitió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, en la que condena el documento porque atenta contra la vida.

La Iglesia Católica panameña quiere hacer del conocimiento público que se adhiere plenamente a la postura de la Misión Permanente de la Santa Sede ante la ONU, representada por Monseñor Renato Martino, en la que se advierte que los católicos rechazan todas las formas de discriminación contra la mujer, pero no aceptan legalizar el aborto.

El protocolo establece en los artículos 12, 14 y 16, la posibilidad de tener acceso a servicios de "planificación familiar". Es válido anotar que al momento de la Convención (1979) estos términos no estaban definidos. Desde entonces, los servicios de "planificación familiar" han sido definidos para incluir servicios de "salud reproductiva" que podrían incluir el aborto; "una definición que la Santa Sede nunca ha aceptado y algo a lo cual la Santa Sede nunca podrá acceder", señala Cedeño en su carta.

Para la Iglesia, la vaguedad de la redacción de los principios de la Convención preocupa profundamente, pues es como firmar un cheque en blanco, sujeto al arbitrio de un Comité supranacional que decidirá qué es discriminación contra la mujer.

Además, se destaca que luego de la ratificación por la Asamblea Legislativa del Protocolo Facultativo de la CEDAW, la Convención formaría parte de nuestras leyes y aún más, la Constitución Panameña estaría sometida a ella, tras haberse comprometido nuestro país con un Convenio Internacional.

Un punto muy importante de señalar es que existen sólo 4 legisladores que han demostrado conciencia sobre este problema: José Luis Várela, Enrique Garrido, Osman Gómez, Jorge Rosas. Para la Iglesia Católica al igual que para muchos panameños existe una interrogante: ¿por qué 4 de 71 legisladores? ¿Les importa a los demás ciudadanos respetar nuestra cultura cristiana? ¿Es importante para ellos preservar la vida de un niño por nacer? Para la Comisión Arquidiocesana, los defensores de la vida somos muchísimo más que los grupos de Panamá que avalan la locura del aborto, o tal vez, si lo hacen, es porque están engañados, como los legisladores que votaron el jueves para ratificarlo sólo porque era consigna y no por convicción.

Asimismo señalan: "Tenemos que demostrar que somos un pueblo que ama la vida. Nos estamos jugando la vida del niño por nacer. ¿Queremos que Panamá sea como países del mundo civilizado, que de cuarenta concepciones treinta terminan en abortos? ¿Queremos que la ley de Dios sea profanada legalizando el derecho a matar a los más débiles de nuestra sociedad que son los niños? No podemos permitirlo".

El 11 de marzo se había llevado a cabo una jornada de oración y una marcha por la vida, para intentar detener la aprobación de este peligroso documento. Aunque lamentablemete el convenio fue aprobado, cabe reproducir, por su importancia, la declaración que emitieron las mujeres que participaron de esta marcha:

"Las mujeres integradas a los diferentes grupos y movimientos apostólicos de la Iglesia Católica Panameña, nos unimos a la Jerarquía de nuestra Iglesia Católica, la cual, a través del Papa y sus obispos, ha mantenido una defensa permanente del respeto a la dignidad humana, inherente a todas las personas. Denunciamos las prácticas discriminatorias de la mujer, la imperante violencia contra ella en la sociedad, el abuso sexual en todas sus formas y la prepotencia masculina como acciones contrarias al plan de Dios. Muy particularmente, censuramos como abominable los programas de contracepción artificial que se han iniciado en nuestro país en niñas y adolescentes, la práctica del aborto provocado y la esterilización de las mujeres, particularmente las más pobres y marginadas. Pero lo más censurable es cuando someten a las mujeres a estos vejámenes so pretexto de defender sus derechos."