En Noticias de la ONU 22/98, gacetilla 41, 14-6-98 recogimos de la edición diaria por fax de The New York Times (TimesFax) que, "los líderes republicanos del Congreso norteamericano, presentaron el miércoles 20 de mayo pasado, un proyecto de ley que calificará como delito federal permitir a una menor pasar de un estado a otro para abortar, tratando con esta ofensiva poner un freno al aborto. Veintidos (22) estados de la Unión tienen leyes que requieren que los adolescentes antes de abortar notifiquen o consulten a sus padres o tengan un permiso del juez. Estas leyes son habitualmente burladas por las adolescentes que viajan a estados en los que rige una legislación más permisiva, a veces, acompañadas por personas inescrupulosas a las cuales no les interesan los peligros que puedan correr las jóvenes al abortar, (TimesFax, 21-5-98). Sin embargo, TimesFax en su editorial del 29 de mayo, califica al proyecto de ley de "peligrosa restricción al aborto", promovida por "defensores de los derechos cristianos", que no dudan en arriesgar las vidas de las jóvenes, al exigir que se cumplan las leyes vigentes".

Podemos ahora agregar que la Casa Blanca se opone a toda costa a la sanción de la ley, (Child Custody Protection Act, HR 3682). Erskine Bowles, jefe de asesores de la Casa Blanca, en una carta dirigida a la Cámara de Representantes dice que "la Administración se opone rotundamente a esta ley"

Entre otras enmiendas al texto, la carta demanda al Congreso, que se otorgue a los miembros de la familia más próximos a las menores que quieran abortar secretamente, los mismos derechos que a los padres. Aparentemente el Presidente Clinton cree que las abuelas, las tías, los hermanos y hasta las suegras, pueden dar su consentimiento para que una menor aborte y, en su caso, acompañarla a otro estado con leyes más "benignas" sobre el aborto, manteniendo en la ignorancia a los padres de la misma. El proyecto se seguirá tratando a partir del 13 de julio.

Entre otras cosas, se deduce de la noticia que en los Estados Unidos, existe, al menos en parte, una presión organizada de los padres sobre los legisladores en reclamo de sus legítimos derechos. FIN, 2-7-98.