ARGENTINA, Córdoba, 28.02.98 (Prensalibre). Dos provincias argentinas mostraron orientaciones encontradas en sus políticas demográficas. Por un lado el gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Ferraro, vetó una ley de salud reproductiva sancionada por la Legislatura Provincial.

La Legislatura unicameral de su provincia al asumir en su nueva composición, había aprobado sin debate la ley de creación del programa provincial de prevención de enfermedades de transmisión sexual y procreación responsable. El proyecto preveía el reparto gratuito de contraceptivos en los hospitales públicos y el entrenamiento anticonceptivo de la juventud en las escuelas.

Ante la evidencia que los nuevos legisladores no conocían la norma que habían aprobado, varias organizaciones no gubernamentales efectuaron protestas al gobernador. La organización Defensa por la Vida le presentó 7.000 firmas de ciudadanos que se opusieron al proyecto, solicitando el veto total de la ley.

Además la gobernación recibió numerosas cartas y faxes de ciudadanos y entidades sin fines de lucro, incluyendo algunos de otras provincias argentinas, pidiendo que vetara la ley.

Finalmente Ferraro se hizo eco del clamor popular y vetó la polémica ley, sumándose así a los gobernadores de las provincias argentinas de Entre Ríos, Chaco y Córdoba, que vetaron proyectos similares.

Pero bien distinta fue la actitud del gobernador de Misiones, Federico Ramón Puerta, quien decretó la puesta en marcha del programa provincial de planificación familiar, por el que se asesorará y proveerá gratuitamente de métodos artificiales de control natal. Puerta, juntamente con los Ministros de Salud Pública, Bienestar Social y Cultura y Educación de la Provincia de Misiones, firmaron el decreto por el que crean un programa provincial de planificación familiar, mediante el cual se brindará en los hospitales públicos asesoramiento, adiestramiento y entrega gratutita de métodos contraceptivos. El decreto especifica que tales elementos deben ser no abortivos, y que no provoquen esterilización permanente de las usuarias.

Según afirmó el ministro de Salud Pública Antonio López Forastier, el hospital proveerá los anticonceptivos que "el médico crea necesario en cada tipo de casos, como un DIU", a pesar de que éstos dispositivos sean de doble efecto abortivo. A pesar que los hospitales públicos misioneros carecen de los elementos sanitarios más elementales, a partir de ahora repartirán gratuitamente contraceptivos.