Influyentes congresistas republicanos de Estados Unidos han prometido impedir el aumento de $170 millones en fondos que el Presidente Clinton ha prometido para los programas internacionales de "planificación familiar" (= esterilización y anticonceptivos, incluyendo los que son abortivos). La promesa de los congresistas republicanos se basa en la información provista por el Population Research Institute o PRI (Instituto de Investigación sobre asuntos de Población), un grupo que defiende los derechos humanos y que tiene su sede en Estados Unidos. El informe del PRI revela la existencia de prácticas sistemáticas, caracterizadas por la coacción, en la implementación de los programas de control demográfico del gobierno del Perú.

Hay mujeres peruanas que han acusado al gobierno del Perú, que recibe apoyo de Estados Unidos, de darles, sin su permiso, fármacos que provocan el aborto y dispositivos intrauterinos (DIU). De ser comprobados, estos hechos constituirían una violación de la ley estadounidense que prohíbe el suministro de fondos de ese país a los programas en el extranjero que utilizan la coacción.

El PRI descubrió estos abusos hace dos años (en 1998) y presentó testigos en audiencias ante el Congreso de Estados Unidos. Aunque el Presidente Clinton y el gobierno peruano prometieron corregir dichos abusos, los investigadores del PRI regresaron recientemente al Perú y descubrieron que los mismos han continuado.

Luego del segundo informe del PRI, tres congresistas estadounidenses pidieron a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que investigara los cargos. A los congresistas les preocupaba que las promesas que la USAID había hecho con antelación de corregir los abusos en el Perú no habían sido cumplidas. El Congresista Christopher Smith se preguntó cómo era posible que la USAID no estuviera consciente de estos abusos cuando tenía "30 empleados en el Perú".

Los funcionarios del PRI se reunieron con el personal de la USAID que había prometido que esta situación sería corregida. En una carta, el Embajador del Perú dijo que el Ministerio de Salud de su país investigaría este asunto. El pasado 22 de marzo del 2000, en una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos, el Administrador estadounidense Brady Anderson confirmó que el Ministerio de Salud del Perú estaba investigando los cargos. Pero el congresista Todd Tiahrt calificó esta investigación de "inaceptable", ya que el Ministerio de Salud del Perú está envuelto en una nube de sospechas.

A finales de 1999, el Presidente Clinton prometió a los aliados del control demográfico que él iba a aumentar las contribuciones de Estados Unidos a los programas internacionales de "planificación familiar". Dicha promesa se produjo como respuesta al enojo de estos aliados porque el Congreso de Estados Unidos había mantenido textos de la Política de Ciudad México en la ley de Estados Unidos que regula el suministro de fondos para la "planificación familiar" en el extranjero. Los textos en cuestión se referían a la prohibición del envío de dinero de los contribuyentes estadounidenses a las organizaciones no gubernamentales que abiertamente cabildean para cambiar las leyes que prohíben el aborto en otros países. (A propósito, una de esas organizaciones no gubernamentales, de hecho la principal en promover el aborto en todo el mundo, es la Federación Internacional de Planificación de la Familia o IPPF, por sus siglas en inglés. La IPPF tiene filiales en la mayoría de los países del mundo, incluyendo los de América Latina.)

Sin embargo, debido al descubrimiento del PRI de que la coacción continúa siendo parte de los programas de "planificación familiar" del Perú, la promesa de Clinton podría, afortunadamente, quedarse sin cumplir. De hecho, el congresista Sonny Callahan, que preside el Comité de Apropriaciones para las Operaciones en el Extranjero de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, dice que la petición de Clinton de más fondos será negada.

Esta escaramuza es parte de una larga guerra entre los que promueven el control demográfico y activistas que defienden los derechos humanos. Estos últimos están convencidos de que el dinero que se emplea para el control demográfico inevitablemente será usado de forma coactiva. Apenas el año pasado (1999), la misma batalla tuvo lugar con relación a la continuación del suministro de dinero estadounidense al Fondo de Población de la ONU (FNUAP o UNFPA, por sus siglas en inglés), que es la principal agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se dedica al control demográfico. Al FNUAP se le ha acusado de ayudar a Slobodan Milosevic en su programa de eliminación étnica de los albanos en la provincia serbia de Kosovo. El PRI también investigó estos abusos del FNUAP y dirigió la lucha contra el suministro de fondos a esa agencia de la ONU. Al FNUAP también se le ha acusado de haber colaborado con el programa del gobierno chino de un solo hijo por familia, que incluye esterilizaciones y abortos forzosos.

Ante estos hechos, el Instituto Católico para la Familia y los Derechos Humanos o C-Fam (Catholic Family & Human Rights Institute), con sede en Nueva York, está pidiendo a los ciudadanos estadounidenses que expresen sus opiniones al respecto a sus congresistas. C-Fam también pide a todos que expresen por escrito su preocupación acerca de los abusos en el Perú a Mary Robinson, High Commissioner for Human Rights (Gran Comisionada para los Derechos Humanos), Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations, S-2914, New York, New York 10017.