Al comenzar sus deliberaciones en diciembre de 1997, cuando se formaban las Comisiones de la primera Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por mayoría se excluyó a la familia del diseño fundamental de los proyectos legislativos. Esta postura ideológica tuvo enormes repercusiones en la vida social de la Ciudad como lo demuestra lo ocurrido con el Código Contravencional. Hoy, cuando finalizan los mandatos de los primeros legisladores, la mayoría de la Alianza impulsa la sanción de una irresponsable y autoritaria ley de Salud Reproductiva que vulnera los derechos fundamentales de la familia.

El derecho de los padres y madres, ignorado

El proyecto de ley establece que "son destinatarios de la presente Ley la población en general, especialmente las personas en edad fértil" (art. 5) y otorga "prioridad a la atención de la salud reproductiva de los adolescentes" (art. 4 inc. f), violentando el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas.

La iniciativa ignora a la familia, que no es reconocida en su inalienable y primaria función educadora. Se desconoce así lo dispuesto por la Convención de los Derechos del Niño, que cuenta con jerarquía constitucional, que expresamente dispone que "las cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable de acuerdo a principios éticos y morales" (cfr. reserva Argentina al art. 24 según Ley 23.849) y las claras normas del código civil sobre patria potestad (arts. 265 y concordantes).

Métodos abortivos y discriminación

Este proyecto vulnera en primer lugar el derecho a la vida pues incluye anticonceptivos abortivos. Se encuentra científicamente probado que algunos anticonceptivos hormonales y mecánicos (como el DIU) pueden actuar como abortivos, impidiendo la anidación en el útero materno del nuevo ser, eliminando al embrión en las primeras etapas de su vida (ver editorial de La Nación "Anticonceptivos abortivos", 10-1-00). Se trata de una flagrante inconstitucionalidad, en tanto se vulneran los artículos 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, los arts. 1 y 4 del Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de los Derechos del Niño.

Por otra parte, resulta discriminatorio calificar a los niños por nacer como "deseados" o "no deseados" (ver art. 4 inc. n).

La autonomía de los establecimientos educativos, vulnerada

En una manifiesta intromisión en el ámbito de la autonomía de los establecimientos educativos, el proyecto promueve "el diseño e implementación de estrategias de comunicación y educación dirigidas de manera particular a las/os adolescentes, dentro y fuera del sistema educativo" (art. 7 inc. k). Al respecto, la libertad de enseñar y aprender tiene tutela constitucional y es uno de los valores fundamentales para la vida democrática.

Irresponsabilidad económica: el Consejo

Es una norma del derecho financiero que toda política pública contenga una descripción de metas y objetivos que permita calcular el gasto involucrado. En este caso, los legisladores no tenemos ningún dato de los posibles montos que demandará esta ley, pero por el articulado del proyecto se deduce que es una suma desproporcionadamente alta. Incluso, se crea un consejo especial para seguimiento del programa (arts. 10 y 11), o sea una nueva estructura burocrática para imponer una visión materialista de la sexualidad.

Por otra parte, resulta arbitraria e ineficaz la asignación de recursos a un programa de procreación responsable de estas características cuando existen otras necesidades básicas insatisfechas que exigen la intervención del Estado con mayor urgencia.

Objeción de conciencia

En este marco, al no contemplar el derecho constitucional a la objeción de conciencia, el proyecto vulnera la libertad de conciencia, en un claro desamparo de los profesionales de la salud que pueden perder sus trabajos por sostener indeclinablemente su libertad de pensamiento y de conciencia.

Regulación y control demográfico

La "salud reproductiva" es promovida por los organismos internacionales con vistas a la disminución y control de la población en todo el mundo, especialmente en los países en vías de desarrollo. Para dar una referencia, cabe citar un reciente informe del Banco Mundial sobre "Las relaciones de género en Argentina" en el que expresamente se indica que "la salud sexual y reproductiva es otra prioridad" y que contiene variadas recomendaciones en esta materia. Por su parte, el informe "El Estado de la Población Mundial 1998" del Fondo para la Población de Naciones Unidas en su página 22 dice: "La extensión de los cuidados de salud reproductiva para todos reducirá la fertilidad, llevará el tamaño de la familia más cerca del tamaño deseado y eventualmente reducirá el incremento de la población".

Mientras tanto, la experiencia internacional nos muestra los abusos que se han dado en los llamados planes o programas de salud reproductiva (México, India, Brasil, Perú, Costa Rica, China, etc.).

Este proyecto tiene como uno de sus objetivos "brindar información respecto de las edades y los intervalos intergenésicos considerados más adecuados para la reproducción" (art. 4 inc. c): ¿cómo puede el Estado recomendarle a ciudadanos y ciudadanas en edad adulta cuándo la procreación es responsable y cuándo es "más adecuado" tener hijos? Podríamos preguntarnos si en un futuro el Estado nos tendrá que "autorizar" para ejercer la reproducción.

A su vez, el proyecto "garantiza la implementación de un sistema de información y registro y de mecanismos de seguimiento y monitoreo permanente" (art. 7 inc. f) y un "seguimiento especial a la población según enfoque de riesgo". ¿Quedarán "marcadas" las ciudadanas que acudan a estos programas? ¿Podrán abandonar el uso de anticonceptivos cuando libremente lo decidan? O, por ejemplo, como ya se hace en otros países, ¿se les exigirá a las mujeres para trabajar, participar y permanecer en programas de anticoncepción?

Estamos ante un proyecto que avasalla la libertad, intimidad y dignidad personal y promueve la banalización del ejercicio de la sexualidad, la idea equivocada de sexo seguro y las relaciones sexuales prematuras.

Educar con valores

La solución no es fortalecer la ideología equivocada del sexo seguro, respuesta que elude los problemas reales, que lleva a la irresponsabilidad, a la promiscuidad, al contagio de enfermedades como el SIDA y a una mentalidad contra la vida que conduce al aborto, sino "la educación para el amor" desde una familia fortalecida.

Es tiempo de una auténtica cultura de la vida para ayudar a nuestros jóvenes a crecer y formarse en una vida plena de valores tales como la solidaridad, la fidelidad, la ecología humana y la trascendencia.

Nota: Patricia Ruiz Moreno de Ceballos es Diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este artículo fue enviado por ella al Diario La Nación el pasado martes 30 de mayo del 2000 y sus ideas fueron recogidas por el diario en su editorial del 2 de junio.