Introducción

Los investigadores David Morrison y el Dr. Pat McEwn, Director de Life Coalition International (Coalición Internacional para la Vida), participaron en una investigación que realizó el Population Research Institute o PRI (Instituto para la Investigación sobre asuntos de Población), en diciembre de 1999, sobre los programas de planificación familiar del Perú. La investigación arrojó evidencias de abusos a los derechos humanos en dichos programas.

Los testimonios que reproducimos a continuación describen dichos abusos, los cuales ocurrieron después de la aprobación, en octubre de 1998, por parte del Congreso de Estados Unidos, de la Enmienda Tiahrt, que prohibe el suministro de fondos del gobierno estadounidense a aquellos programas involuntarios de planificación familiar que se llevan a cabo fuera de Estados Unidos.

El PRI presentará su informe completo al Congreso de Estados Unidos el 14 de marzo del 2000. Por favor, únase a nosotros cuando presentemos las instrucciones congresionales sobre los programas de planificación familiar forzosa del Perú y el rol en ellos de la USAID, el 14 de marzo del 2000, en el siguiente sitio: Room 1116, Longworth Building, Capitol Hill, a las 2:00 PM.

Testimonios de los programas de planificación familiar forzosa del Perú y el rol en ellos de la USAID

A Beatriz Quechaes, de 34 años, le inyectaron Depo-Provera durante su embarazo violando las leyes que exigen el consentimiento informado. Después de perder a su bebé, le dijeron a Beatriz que ella era demasiado "estúpida" para que le retiraran la Depo-Provera y le dieran píldoras anticonceptivas. Beatriz no quiere tomar la píldora, pero le han dicho que si se niega, la van a esterilizar. La Enmienda Tiahrt prohibe el suministro de fondos del gobierno de Estados Unidos a aquellos programas de planificación familiar que no proporcionan un consentimiento informado o que coaccionan a las personas.

Inocencia Quechaes Ayupari, de 19 años, está embarazada en la actualidad y está sufriendo presión por parte del personal del hospital para que acepte un método de planificación familiar después del parto. Le han dicho que existe la posibilidad de que tengan que practicarle una cesárea, a pesar de que ninguno de los exámenes pre-natales que le han hecho indican que ello deba hacerse. Inocencia ha decidido negarse a que le practiquen la cesárea y tampoco quiere que le den el anticonceptivo. Pero no está segura de que tendrá éxito en resistirse a ambas cosas. La Enmienda Tiahrt dice claramente que no debe haber ningún tipo de presión de parte de nadie con el objeto de que una persona "escoja un método" de planificación familiar.

Anatolia Gayilles de La Cruz, de 46 años, ha estado sintiendo dolores debido a la presencia de un dispositivo intrauterino (DIU) que le colocaron contra su voluntad. Por fin, en 1999, le retiraron el DIU, pero sólo a cambio de dejarse inyectar la Depo-Provera. Ahora Anatolia está experimentando los efectos colaterales de la Depo-Provera: cambios de ánimo e inchazón y dolor en los senos. No quiso recibir la próxima inyección, la cual se la iban a dar en febrero del 2000. Tampoco quiere empezar a tomar píldoras anticonceptivas ni ser esterilizada. Pero tiene miedo de que se lo exijan, si se niega a que le sigan inyectando la Depo-Provera. La Enmienda Tiahrt dice que a las mujeres no se les puede amenazar diciéndoles que le van a negar la atención médica (en este caso el retirarle el DIU), para hacer que acepte un método de planificación familiar, ni tampoco se les puede ejercer presión o coacción.

Angélica Palomino Leiva, de 30 años, nos confirmó que las campañas de esterilización en Ayacucho, Perú, continuaron durante la primavera de 1999. Con el apoyo de su esposo, Angélica logró escapar de la esterilización durante una campaña que se había llevado a cabo antes. Sin embargo, inmediatamente después de dar a luz a su último hijo, se encontró en medio de otra campaña de esterilización. Sola y sin la presencia de su esposo, Angélica fue esterilizada a la fuerza. Luego tuvo complicaciones médicas. Le ligaron sólo una de sus trompas de Falopio y actualmente está embarazada. Angélica cree que el cirujano estaba tan decidido a esterilizar a tantas mujeres como le fuera posible que no le practicó la cirujía adecuadamente. La Enmienda Tiahrt prohibe las cuotas y las prácticas coactivas, las cuales caracterizan a las campañas de esterilización del Perú. A las mujeres no se les puede obligar a participar en un programa de planificación familiar cuando necesitan atención médica (como en el caso de dar a luz) y temen que se les niegue dicha atención. A Anglica le negaron un período de espera y no le permitieron tener a su esposo a su lado cuando la obligaron a tomar la decisión.

A Alicia Muñoz Valez, de 34 años, el personal médico le dijo que ella necesitaba que le practicaran una cesárea y que lo harían de gratis, si ella aceptaba ser esterilizada después del parto. Es evidente que la cesárea gratis que le prometieron era un incentivo para hacer que ella aceptara la esterilización. Ella aceptó, pero de todas maneras le cobraron, a ella y a su esposo, por el parto de su bebé, que tuvo lugar a mediados de noviembre de 1999. Alicia todavía lucha con una infección que contrajo durante la operación. La Enmienda Tiahrt declara que los programas de planificación familiar no pueden ofrecer sobornos o incentivos, dinero o artículos, con el objeto de influir en las mujeres para que acepten la esterilización.

A Elena Amporia Sales, de 43 años, le diagnosticaron un útero prolapso (caído) y le dijeron que necesitaba que le practicaran una histerectomía de inmediato. Cuando Elena cuestionó el diagnóstico, el médico se comportó de forma abusiva. Repetidas veces la llamó "ignorante" y le dijo que ella "no sabía más que él". Un médico del sector privado confirmó después que Elena no necesitaba una histerectomía y que no tenía un útero prolapso. Elena cree ahora que el médico del Ministerio de Salud no estaba preocupado por su salud, sino por ejercer presión sobre ella para que se esterilizara. Bajo la Enmienda Tiahrt, no se les puede mentir a las mujeres ni se les puede negar información, cuando se les pide que tomen decisiones acerca de la planificación de su familia.

María López, de 26 años, es una trabajadora-administradora de la salud en una instalación del Ministerio de Salud. María nos describió cómo en el lugar donde ella trabaja se basan en encuestas realizadas en el área circundante, que se llevan a cabo para determinar cuántas mujeres de edad fértil viven en dicha área. María nos dijo que el Ministerio de Salud de esa región determina, en base a las estadísticas compiladas, el número de mujeres que van a formar parte del programa de planificación familiar. María también dijo que ella creía que un administrador podría ser degradado de rango o despedido, si su instalación médica constantemente fracasaba en lograr sus metas de planificación familiar.

Javier Chávez, de 24 años, es un joven estudiante de medicina que está por terminar su carrera. Ha trabajado, como parte de su entrenamiento, como promotor de la planificación familiar en la misma región que María. Javier dijo que tanto a él como a otros promotores les han pagado, de forma rutinaria, 20 soles peruanos (aproximadamente $6 USA) y los han premiado con regalos, como ropa deportiva popular, cada vez que han logrado tener el mayor número de clientes al mes para la planificación familiar. Los testimonios de María y Javier revelan los mecanismos que el Ministerio de Salud utiliza para sus operaciones diarias de planificación familiar. Las metas y las cuotas están prohibidas por la Enmienda Tiahrt.

Además, el defensor del pueblo en el Perú, informa de casos de muerte que han ocurrido recientemente luego de que se practicó la esterilización forzosa.

El gobierno de Estados Unidos, a través de la USAID, suministra $36 millones para los programas de planificación familiar que llevan a cabo el Ministerio de Salud del gobierno del Perú y ciertas organizaciones no gubernamentales (ONGs) que colaboran de cerca con ese gobierno. Además de ello, la USAID donó al gobierno peruano y a sus ONGs alrededor de 32.000 libras de fármacos y dispositivos anticonceptivos para el año 2000. La USAID dice que sus esfuerzos han asegurado que "los anticonceptivos estén ampliamente disponibles en las instalaciones del sector público y de las ONGs..." en el Perú (USAID, "Improved Health, including Family Planning...," 10 de enero del 2000; http://ekeko.rep.net.pe/usa/aidsale.htm).

Fuente: Steven Mosher, "Peru's Coercive Family Planning Programs and USAID Involvement," PRI's Weekly Briefing, 6 de marzo del 2000. Vol. 2. No. 6.

El Sr. Steven W. Mosher es Presidente del Population Research Institute o PRI (Instituto de Investigación sobre asuntos de Población), una institución no lucrativa que se dedica a denunciar el control demográfico realizado por medio de la anticoncepción, la esterilización y el aborto, así como las falsas premisas que lo sustentan, como el mito de la "sobrepoblación". El PRI también ofrece una visión de las alternativas correctas para un justo desarrollo de los pueblos. El PRI publica la revista bimensual PRI Review, así como un informe semanal por email a sus suscriptores que se llama PRI's Weekly Briefing. Diríjase (en inglés) al Population Research Institute, P.O. Box 1559, Front Royal, Virginia 22630, USA. Página web: www.pop.org Email: pri@pop.org. Tel.: (540) 622-5240.