El juzgado de instrucción 33 de Barcelona decretó ayer tarde prisión provisional sin fianza para tres de los detenidos por las diligencias del caso 3353/06 que afecta a varias clínicas del grupo Ginemedex-TCB. Los encarcelados sin fianza son el director del grupo, doctor Carlos Morín Gamarra, su esposa María Luisa Durán Salmerón y Virtudes S. V., acusados de varios delitos de aborto (art. 145.1 del Código Penal), de asociación ilícita (art. 515), intrusismo (art. 403) y falsedad documental (art. 392). Para los otros tres detenidos, la juez ha dictado prisión provisional bajo fianza de 4.000 euros (Dimas Á. C.) y de 2.000 euros (Pedro Juan L.A. y Marcial R.). Estos imputados serán excarcelados cuando hagan efectiva la fianza. Entre los delitos de falsedad documental, aparte de los certificados psiquiátricos firmados sin hablar con las pacientes, la testigo protegida cuyo relato fue publicado el martes por Intereconomía TV habla también de la firma y sello del doctor Tomás Parra Parra, vocal de ginecología en el Colegio de Abogados de Barcelona, usada cuando hacía los abortos ilegales el Dr. Cavenecia, estudiante de Pediatría.

Desde la consulta del Dr. Parra, aseguraron a LA GACETA que este doctor sólo recibía de las clínicas del Dr. Morín pagos por visitar a pacientes, ya que no realizaba abortos, y si se usó su firma fue sin su consentimiento. Sin embargo, según una minuta de pagos de Morín que obra en poder de LA GACETA, consta un pago de 4.000 euros en concepto de varias prácticas abortivas en las que se habría usado la firma de Parra con su consentimiento. Parra y Morín compartieron prisión en 1989 en Fontcalent (Alicante), acusados de cometer abortos ilegales en la clínica Ginetec, pero en esta ocasión el hoy vocal del Colegio de Médicos de Barcelona no ha sido imputado. La denuncia que puso en marcha las actuales pesquisas, interpuesta por Josep Miró, fue presentada ante el Colegio de Médicos hace un año, pero esta institución la archivó al no apreciar ninguna falta de ética ni delito en las prácticas de Morín.

Trituradores industriales

También obra en poder de LA GACETA un encargo de dos juntas de triturador, en agosto de 2005, de la clínica TCB a la empresa de tratamiento de residuos STR 2000. El documento cuadra de nuevo con el relato de la testigo emitido por Intereconomía TV, según el cual, cuando llegaba una paciente en avanzado estado de gestación a TCB, se le subía a la parte de arriba, que se cerraba con llave para que nadie pudiera interrumpir por sorpresa el aborto ilegal.

En la planta baja de esa clínica, detrás de la mesa de recepción, una puerta escondía un lavabo bajo el que estaba instalado un triturador industrial, con el que se deshacía en los fetos de los abortos ilegales. Este triturador se desmontó después del reportaje de la TV danesa de octubre de 2006, pero quedó la instalación de fontanería. A veces, según la testigo, el triturador se atascaba y había que abrir las cañerías y el suelo para desatascarlo. Cuando se hacían abortos ilegales por la noche, los fetos se guardaban en un congelador y se trituraban al día siguiente para no molestar a los vecinos con el ruido de la trituradora por la noche. Los encargados de la trituración eran los propios médicos que hacían el aborto. Había otro triturador en la clínica Ginemedex hasta el reportaje de la TV danesa en octubre de 2006, que también se desmontó, y que estaba en un patio exterior al lado de la sala de espera.

Tras el reportaje danés, Morín decidió no hacer más abortos ilegales y desmontó los trituradores, pero el nivel de ingresos bajó tanto que en enero de 2007 decidió volver a hacer los abortos. Pero en ese tiempo, como ya no había trituradores, la manera de deshacerse de los fetos era descuartizarlos para introducirlos por partes en diversos contenedores en los que se metían los fetos de los abortos legales.

Desde marzo, Ginemedex volvió a tener un triturador instalado en un armario blanco situado en una sala al lado de la cafetería. En la misma sala había un armario donde se guardaban los fetos que se congelaban por la noche.

A las mujeres que se sometían a abortos ilegales y que querían saber qué se hacía con sus fetos, se les decía que se incineraban, siempre según el testimonio publicado por Intereconomía TV. El Dr. Morín practicaba abortos ilegales y legales, a pesar de que, según la testigo, hacía nueve años que se le diagnosticó sida, y de que estuvo dos meses ingresado por este motivo en el hospital San Pablo de Barcelona. y actualmente continúa con tratamiento diario con antivirales.

En los abortos en avanzado estado de gestación Morín realizaba cesáreas utilizando bisturí y extraía con sus propias manos el feto, sin que en ningún momento se informara a las pacientes del riesgo de contagio en caso de corte fortuito con un instrumento quirúrgico.

Morín enviaba por Navidad regalos de empresa a todos los ginecólogos que le derivaban pacientes para hacer abortos desde centros donde no se hacían. En conjunto, los centros de Morín recibían 15 llamadas semanales de pacientes que solicitan abortos de embarazos de más de 24 semanas, según la testigo protegida.

(Tomado de "Cárcel sin fianza para el \'Doctor aborto\' " , http://foro.univision.com/univision/board/message?board.id=aborto&message.id=26491&page=4 , 12-01-2007.)

"Ya que ha venido a la clínica, apriétala para que aborte"
JANOT GUIL. BARCELONA

La operación judicial realizada contra cuatro clínicas privadas de Barcelona acusadas de realizar abortos ilegales ha devuelto al primer plano de la actualidad el sucio negocio que muchos centros hacen con esta práctica médica.

Desde el pasado viernes, el máximo responsable de tres de estos centros y "cabecilla" de este trama organizada dedicada al aborto ilegal, el cirujano Carlos Morín, su esposa y una trabajadora de sus clínicas se encuentran en prisión provisional por orden de la juez que investiga el caso, la titular del juzgado de Instrucción número 33 de la capital catalana. Las otras tres personas —médicos— que también fueron detenidas el pasado lunes en la misma operación están en libertad bajo fianza. Sin embargo, el ya bautizable como "caso Morín", del que van filtrándose detalles, a cual más escabroso, por entre las rendijas del secreto de sumario impuesto, no es un caso único, desgraciadamente. Como han denunciado muchas entidades, la legislación sobre el aborto en España tiene muchas grietas, además de un coladero en forma de boquete como es el supuesto que permite abortar si existe riesgo para la salud psíquica de la madre. Al amparo de este supuesto, no hay límite de semanas para la interrupción legal del embarazo, lo que propicia que se interrumpan gestaciones de hasta ocho meses o más tiempo, una instauración "de facto" del aborto libre que se registra exclusivamente en los centros privados y no en hospitales públicos, como demuestran las estadísticas.

Para acogerse al supuesto de riesgo para la salud psíquica de la embarazada, el expediente de la paciente debe incluir un informe hecho por un psiquiatra que certifique la existencia del citado riesgo. El problema es que dichos exámenes se convierten en trámites poco rigurosos alentados por el afán mercantilista de los responsables de las clínicas privadas, que llegan a cobrar entre 3.000 y 6.000 euros por este tipo de abortos.

En el caso de las clínicas ahora investigadas en Barcelona, ha trascendido que algunas de las clientas han declarado ante la Guardia Civil que en sus expedientes médicos se incluía el preceptivo informe psiquiátrico, pese a que ningún especialista de esta materia las había visitado. Cabe señalar que a muchos se les revuelve la ética por el mero hecho de que las clínicas tengan psiquiatras a sueldo para hacer informes de cuyos resultados dependen los ingresos del centro, pero la ley no prohíbe explícitamente esta opción, "ergo", la consiente, y aquí empieza a abonarse un terreno lleno de suspicacias, cuando no de ilegalidades.

Siete meses de pesadilla

Da fe de ello Jaime Cañellas, un psiquiatra que tras trabajar siete meses, entre 2004 y 2005, en una clínica abortista de Gerona —que tiene también sedes en Barcelona y Palma de Mallorca, pero que no está vinculada a Morín— se fue horrorizado de lo que vio. La clínica le fichó mediante un contrato mercantil, él acudía a trabajar un día a la semana, dos horas, y cobraba 17 euros por cada informe que realizaba. A los tres meses, presenció tantas irregularidades que ya empezó a pensar en tomar la salida. Según explicó a ABC, él, como el resto de psiquiatras a sueldo del centro, recibían coacciones y presiones de los propietarios de la clínica para que avalaran con sus informes los abortos. Incluso le ponían sobre la mesa un texto de informe "estandarizado" —"La mujer presenta un cuadro..."—, en el que sólo quedaba por poner el nombre de la paciente y su firma como especialista. "Yo me quejé. Les comenté que eran informes poco específicos. Pero a ellos sólo les importaba maximizar los beneficios", explica. De buenas a primeras, comenzó a recibir broncas de sus jefes por su "exceso" de celo profesional, que a veces se traducían en informes manuscritos que él añadía al texto fórmula, y por enviar a mujeres a casa tras disuadirlas de abortar. "Me gané la fama de disidente y cada vez me dejaban visitar a menos mujeres", afirma Cañellas, quien ilustra su queja con un ejemplo descorazonador.

"Algo podrás encontrar"

"Un día —relata— me vino una mujer embarazada de siete meses diciendo que quería abortar porque su marido la presionaba a que lo hiciera. La había sentenciado con un ultimátum: “O abortas o te dejo”. La mujer no sufría ningún trastorno grave, más allá de su lógica preocupación, y le dije que lo meditara. Incluso le comenté si no sería mejor que dejara a su marido...". Finalmente, la mujer se marchó a casa y a Cañellas le cayó otra bronca. Uno de los propietarios de la clínica le espetó: "Ya que ha venido, apriétala para que aborte". Y a renglón seguido otras lindezas como "pues algo tiene qué tener la mujer" o "algo podrás encontrar, está deprimida".

Cañellas se fue de la clínica en 2005 mordiéndose la lengua, pero finalmente se decidió a explicar públicamente su caso en junio de 2006. Fue entonces cuando el Partido Social Europeo presentó ante la Guardia Civil un escrito en el que denunciaba, entre otras cosas, que habían llegado a su poder certificados de psiquiatras que trabajaban para la clínica donde había estado Cañellas firmados en blanco y sin el nombre del paciente. Uno de estos certificados llevaba la firma, falsificada, de Cañellas. El caso sigue sin esclarecerse.

A raíz de esta revelación, este psiquiatra estalló y denunció su historia. Lo hizo en algunos medios de comunicación, que no en los juzgados, porque no se ve capaz de enfrentarse cual "quijote" contra las clínicas y "porque las irregularidades que vio son muy difíciles de demostrar".

La Generalitat no vio nada

A la postre, sus críticas sí llegaron a oídos de la Generalitat, pero la respuesta que allí encontró fue aún más desalentadora. El pasado febrero, le citaron a declarar ante unos inspectores del Departamento de Salud, que le sometieron a un interrogatorio "como si yo fuera el culpable.". Luego, meses después, la Generalitat le respondió que habían inspeccionado la clínica y no habían hallado ninguna irregularidad. Desengañado y rendido, Cañellas sigue ahora trabajando en su consultorio privado; ya ni se plantea volver a estar en una clínica abortista. Al menos, avista un futuro más esperanzador después de que lo sucedido con Morín haya abierto los ojos a muchos.

(Tomado de ABC, España, http://www.abc.es/20071203/sociedad-sociedad/venido-clinica-aprietala-para_200712030818.html .)