Estados Unidos de América se encuentra denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) por graves violaciones a los derechos humanos en su propio territorio y en otras naciones de América Latina. Se ha denunciado la eliminación sistemática de treinta y dos millones de niños no nacidos, en el vientre de sus propias madres en territorio norteamericano, desde que el Tribunal Supremo de EE.UU. (en el precedente ROE vs. WADE), "reconociera" el "derecho" de la madre a eliminar a su hijo a su sola voluntad, hasta los seis meses de gestación, que en la práctica se verifica hasta el mismo momento del alumbramiento.

También ha sido denunciado a EE.UU. por la presión ejercida sobre los países latinoamericanos para que amplíen sus prácticas abortivas, de forma tal que el aborto libre a simple voluntad de la gestante se imponga obligatorio en todos esos países. Finalmente, EE.UU. ha sido denunciado ante la Comisión, por el destino de fondos públicos norteamericanos a campañas de esterilización masiva de personas, en varios países integrantes de la OEA, a través de la Agencia Internacional para el Desarrollo (A.I.D.).

La denuncia, radicada en la sede de la Comisión en Washington D.C., acusa a EE.UU de violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) del año 1969, que consagra la inviolabilidad de la vida humana naciente a partir de la concepción, y la Convención Internacional sobre el Genocidio y la Tortura (1948), que define claramente como genocidio el impedimento masivo de los nacimientos dentro de un grupo nacional determinado. También se mencionan como violadas una decena de formas de derecho internacional, que se mencionan expresamente en la denuncia.

Los denunciantes afirman que el holocausto intrauterino verificado en EE.UU. durante estos últimos veintitrés años supera cualquier otro genocidio que la humanidad hubiera padecido hasta el presente.

Son firmantes de la denuncia los responsables de una entidad civil, con domicilio en la República Argentina, que posee varios albergues para proteger a las mujeres embarazadas del flagelo del aborto, entidad que se siente presionada por la actividad desplegada por EE.UU., en las reuniones preparatorias de la Conferencia de El Cairo.

Respecto al genocidio prenatal norteamericano, los denunciantes afirman que es responsabilidad de cualquier persona o grupo de personas intervenir para denunciar la eliminación de inocentes en cualquier nación, por el principio de la fraternidad universal de los seres humanos.

La entidad firmante de la denuncia se denomina Portal de Belén, y tiene su sede central en Córdoba, República Argentina.