Pocos se dieron cuenta de la caja de Pandora que el congreso peruano abriría, cuando legalizó la esterilización como método de "planificación familiar" en 1995. La esterilización practicada en condiciones insalubres y de forma forzosa en los más pobres, ha llegado a caracterizar el infame programa de control demográfico del Perú, llevado a cabo por el Ministerio de Salud de ese país.

La familia de Celia Durand del pueblo La Legua, como muchas otras, fue visitada repetidamente por los "promotores de salud", quienes insistían en que ella se practicara la esterilización. Celia se resistía, principalmente porque el procedimiento se practicaba en una pequeña posta médica, cuyas ventanas permanecían abiertas hacia una calle de tierra y polvo, y por la que transitaban y donde defecaban los animales. Por fin Celia se rindió ante la insistencia de los agentes del gobierno y fue esterilizada el 3 de julio de 1997. Celia nunca regresó a su hogar. La intervención le causó tanto daño que la pobre mujer cayó en un estado de coma del cual nunca se recuperó. El personal médico la llevó demasiado tarde al hospital más cercano, a pesar de las desesperadas visitas a la posta de su esposo, su madre y su cuñado. Ahora los tres lloran su muerte desconsoladamente.

Celia es sólo uno de muchos casos similares de esta campaña genocida de esterilización del Perú. Los métodos de coacción han incluido repetidas y acosadoras visitas a las casas; insultos y amenazas; incentivos de alimentos y de otros tipos, a condición de aceptar la esterilización; y la concertación de citas antes que las víctimas acepten ser esterilizadas. Además de todo esto, ninguna de las mujeres entrevistadas por el Instituto de Investigación sobre asuntos de Población o PRI (Population Research Institute) de Human Life International, dijeron que se les había informado adecuadamente acerca de los riesgos, los efectos secundarios ni la naturaleza permanente del resultado del procedimiento.

El 29 de enero del corriente, un servidor entrevistó a Eduardo Yong Motta, el consejero en asuntos de salud del Presidente Alberto Fujimori, y le preguntó por qué se utilizaba la presión para lograr que las mujeres aceptaran ser esterilizadas. El funcionario respondió que los médicos muchas veces tienen que convencer a sus pacientes de lo que es "mejor" (?) para ellos y que las mujeres peruanas tienen "demasiados hijos".

La naturaleza represiva de este programa demográfico caracterizó también el proceso de cambio de ley que efectuó el gobierno de Fujimori en 1995. Según legisladores peruanos, Fujimori utilizó una mezcla de mecanismos de presión y maniobras sucias para lograr sus propósitos. Aún los políticos que habían apoyado a Fujimori durante mucho tiempo, pero que no estaban de acuerdo con un programa nacional de esterilización impuesto por el gobierno, recibieron la advertencia de que si no apoyaban dicho programa, iban a sufrir represalias. Luego, ese mismo año, Fujimori envió a la Conferencia de las Naciones Unidas en Pekín a los principales opositores del programa de esterilización. Durante la ausencia de éstos, el Congreso aprobó un cambio en la Ley Nacional para el Control de la Población del Perú. Dicho cambió consistió en retirar la esterilización de los métodos prohibidos para la "planificación familiar" (el otro método prohibido es el aborto quirúrgico). El camino quedó abierto para la implementación de uno de los programas más terribles de control demográfico de los últimos tiempos.

La coacción utilizada por esta campaña de esterilización está motivada por un sistema de cuotas que, al igual que la India, Bangladesh y Pakistán, el Perú ha estado utilizando. A Ernestina Sandoval, mujer pobre y con muchas necesidades, sobre todo por el mal tiempo que el país ha estado sufriendo, le dijeron que para poder recibir alimentos tenía que someterse a la esterilización. Otra mujer en similares circunstancias, María Emilia Mulatillo, informó que para que su hijita pudiera participar en el programa de alimentos del gobierno, ella (la madre) tenía que aceptar ser esterilizada. Los diarios peruanos El Comercio y La República han publicado historias de cómo a los "promotores de la salud" les han pagado o agasajado con premios especiales, si lograban que un mayor número de mujeres que el señalado por las cuotas aceptara el procedimiento.

En profundo contraste con todo lo reportado, el Primer Ministro de Salud del Perú, Marino Costa Bauer, le aseguró al congreso de ese país que no existía ningún programa coactivo ni tampoco de cuotas, y que si habían muerto mujeres, la culpa la tenían los médicos incompetentes (alegato que el Colegio Médico del Perú denunció inmediatamente). El gobierno del Perú persiste en su obstinación y paternalismo y ha declarado que la campaña de esterilizaciones, con algunas modificaciones (cosméticas, por supuesto), continuará llevándose a cabo.

David Morrison es el editor del boletín PRI Review del Population Research Institute, 5119 Leesburg Pike, Suite 295, Falls Church, VA 22041. Tel.: (540) 622-5240. Fax: (540) 622-2728. E-mail: popri@ix.netcom.com. Web page: http://www.pop.org. Este artículo es una traducción resumida del publicado por el autor con el título de "Cutting the Poor: Peruvian Sterilization Program Targets Society's Weakest" en el número de marzo/abril de 1998 del PRI Review, pp. 1-2, 4-7.

Los representantes del gobierno peruano anunciaron a principios de junio de 1998 el colapso de la controversial y mortífera campaña nacional de esterilización del Ministerio de Salud de ese país. La prensa peruana informó que los funcionarios del gobierno habían declarado que "Las esterilizaciones han disminuido en un 68%". La explicación que se ha dado es que ha habido "una dramática falta de confianza tanto en el método como en los agentes de la salud".

Los oponentes de la campaña de esterilización constituyeron una sorprendente alianza, sin precedentes en la historia del Perú. Grupos de la Iglesia Católica, organizaciones no gubernamentales feministas, grupos pro vida y de derechos humanos se unieron para oponerse a la campaña antivida y contraria a la libertad. Los grupos presentaron y documentaron numerosos y graves problemas, incluyendo el hecho de que la campaña estaba coaccionando a las mujeres de bajos recursos, que ni siquiera estaba siguiendo las más mínimas pautas de la medicina, y que les había causado la muerte a por lo menos 18 mujeres que habían sido forzadas a someterse a la cirujía.

"Normalmente no soy dado al optimismo público," dijo Steve Mosher, Presidente del Instituto para la Investigación sobre asuntos de Población o PRI (Population Research Institute), "pero en este caso tengo que admitir que las noticias que vienen del Perú merecen una calurosa bienvenida. Hubiera sido bueno oír que el gobierno del Perú se ha dado cuenta de que le había declarado la guerra a su propio pueblo," dijo Mosher. "Pero en cierta forma es aún más alentador escuchar que el colapso de la campaña se debió al rechazo de sus pretendidas víctimas".

El PRI envió un investigador y un equipo de camarógrafos al Perú a finales de enero para documentar los abusos de la campaña. El reportaje del PRI ayudó a generar suficiente interés por parte del Congreso de EE.UU. de tal manera que se obtuvieron audiencias públicas en las cuales se presentaron testigos del Perú.

Jorge Parra, el nuevo director del programa de Paternidad Planificada y de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud del Perú, confesó oficialmente dos cosas devastadoras. Dijo que era "obvio" que el gobierno no iba a lograr alcanzar la "meta" de 78.000 ligaduras de trompas para 1998. Esta fue la primera vez que un funcionario peruano ha admitido que el gobierno había fijado metas anuales para el programa. En segundo lugar, Parra anunció que el Ministerio había terminado sus "festivales de esterilización", cuya existencia el gobierno había negado previamente.

El PRI y otros grupos de derechos humanos lograron documentar el hecho de que las campañas comenzaron después de que el gobierno del Presidente Alberto Fujimori obligara a la legislatura peruana a cambiar la ley, de muchos años por cierto, que prohibía el uso de la esterilización o del aborto como medios de "planificación familiar" en el país. Luego, el gobierno comenzó a organizar campañas en las que se empleaba la coacción, utilizando como modelo campañas similares en Colombia y la India. Una de las medidas que tomó fue el utilizar la pericia extranjera, para lo cual trajo a extranjeros para capacitar a funcionarios y médicos peruanos.

Los planes para las campañas comenzaron en Lima, donde los funcionarios usaron criterios económicos y sociales para elegir el sector del Perú que iba a ser sometido a la esterilización. Las áreas elegidas casi siempre eran pobres y pobladas principalmente por peruanos cuyos ancestros eran nativos. Cuando se terminó el plan, el Ministerio avisaría a los funcionarios locales en la región y ellos comenzarían a buscar a las mujeres para ser esterilizadas. Según lo documentado por los críticos, las tácticas que se usaron para lograr que las mujeres aceptaran la esterilización incluyeron los incentivos, el acoso, las amenazas y la intimidación. Los funcionarios frecuentemente ofrecían alimentos y algunas veces ropa a mujeres paupérrimas y a familias que estaban pasado hambre a cambio de la esterilización.

Ninguna de las mujeres que el PRI entrevistó como parte de su investigación, dijo que le habían permitido dar ni siquiera algo parecido al consentimiento informado al procedimiento. El PRI logró documentar casos de mujeres que ya estaban colaborando con el movimiento en pro del control demográfico al consentir que las vacunaran con la Depo-Provera cada tres meses, y que luego les dijeron que las vacunas iban a ser "descontinuadas" y que ahora debían aceptar la esterilización. [Nota del traductor: La inmoral y dañina Depo-Provera funciona también como abortivo.]

Cuando se le preguntó acerca de esta política particular al Dr. Eduardo Yong-Motta, ex Ministro de Salud durante el comienzo de las campañas y actual Consejero Presidencial en asuntos de Salud, éste le respondió al PRI que "la Depo-Provera es muy cara". Luego añadió que al gobierno le preocupaba que las mujeres se "olvidasen" de venir a recibir la vacuna o aún de que decidiesen que no querían recibirlas más.

La oficina de Defensa Pública, que funciona en el Perú como una especie de inspector general oficial, está investigando una creciente lista de acusaciones de abuso contra el gobierno.