La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), la organización que más promueve el aborto en todo el mundo, nombró a la Sra. Ingar Brueggemann, como Secretaria General. Al igual que su predecesor, el Dr. Halfdan Mahler, la Sra. Brueggemann, ha sido ejecutiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en cuyo puesto coordinó las actividades de ese organismo con otras agencias de la Organización de Naciones Unidas, tales como el Fondo de Población (FNUAP), el Programa de Desarrollo (PNUD) y el Fondo para la Infancia (UNICEF). Su nuevo nombramiento ayudará a mantener los contactos, así como a coordinar estrategias entre estas agencias y la IPPF. (IRLF Weekly Review, vol. 5, no. 42, 3 de noviembre, 1995.)
En 1993, el director general de la dependencia de la Organización de la ONU para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Mauricio de María, contrató a su ex jefe, Rana Singh, como consultor "temporal", con un salario de $12,000 mensuales, una pensión completa y viáticos por día, a pesar de que "no hay nadie en Viena [la sede del ONUDI], que sepa decir qué es lo que hace". ( Dale Van Atta, "ONU: Burocracia sin rumbo", Selecciones del Reader's Digest, diciembre de 1995, 52-53
Un empleado en Mali del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), desfalcó $560,000 y otro, en Kenia, malversó $368,000 (Ibid., 53.)
En los peores momentos de la hambruna de Etiopía, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la cantidad de $73.5 millones para construir un centro de conferencias en la capital de ese país, edificio que 11 años después aún no está terminado. Los costos proyectados de dicho edificio ascienden a $107 millones y se cree que va a estar vacío casi todo el tiempo (Ibid., 50).
"En septiembre de 1994, la ONU desmontó un sistema de seguridad en su sede, que costó $938,000 y que nunca se utilizó. El verdadero motivo fue que el sistema de torniquetes que leería electrónicamente las tarjetas de identificación, podía marcar la hora exacta de llegada y salida de los empleados y 'el personal no quería que se vigilara su puntualidad'" (Ibid., 50).
En enero de 1991, mientras 50 personas morían cada día en el campamento Dolo, del sur de Etiopía, la ayuda alimenticia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) destinada a los exiliados somalíes iba a parar al mercado negro (Ibid., 52).
En 1983, durante la gestión del representante del ACNUR en Uganda, el Sr. Lukika, desaparecieron alimentos y equipos valorados en más de $2 millones. Aunque fue despedido, Lukika siguió recibiendo su salario y sus simpatizantes armaron tal revuelo que Javier Pérez de Cuéllar, entonces Secretario General de la ONU, pidió al ACNUR que lo recontratara. En 1991 Lukika, de vuelta al África, desfalcó en casi $690,000 al ACNUR, que había enviado enormes cantidades de alimentos y productos para los refugiados somalíes y etíopes. Lukika fue obligado a renunciar, pero "nunca se le entabló juicio ni se le ordenó restituir ni un centavo, y recibió su pensión completa hasta la fecha en que murió, poco después" (Ibid., 52-53).
