En septiembre 29 y 30 de 1990, UNICEF organizó la Cumbre Mundial sobre el Niño. Y para efectos de captar el interés mundial, centraron la atención en las trágicas condiciones de salud y supervivencia de los niños, en países en crisis económica o que sufren las consecuencias de la guerra. Obviamente, las sociedades civilizadas no podían dar la espalda a la situación tan dramática de estos niños. Pero este noble sentimiento se convirtió en el motor para extender el control del Estado sobre todos los niños, los pobres, los de la clase media y los ricos incluso. El medio usado para tal control fue la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

¿Cuál es realmente el objetivo?

Si uno lee atentamente los términos de la Convención, la O.N.U. otorga poder a los Estados participantes para determinar los derechos del niño independientemente de los padres, de la familia y de su comunidad. De esa manera, se presenta al estado como la fuente de todos los derechos tanto para los padres como para los niños, y más aún, el Estado es quien define la relación padres/hijos en términos de obligaciones de los padres hacia los hijos. Los padres son declarados responsables de implementar el derecho del niño a "condiciones de vida necesaria para el desarrollo del niño". Estos deberán basarse en los criterios consensuales reconocidos por el Estado, quien define y limita los valores personales reduciéndolos sólo a aquellos que reconoce como "aceptables".

Incluidos dentro de los derechos a ser determinados y reforzados por el Estado, están los derechos a la salud que comprenden los servicios y la instrucción sobre anticonceptivos para todos los niños. Estos, a su vez, encuentran su fuente en el infame derecho a la privacidad por el cual ya se han cometido 25 millones de abortos sólo en EE.UU. El derecho a la privacidad también tiene el efecto de eliminar la protección paterna a los niños, quienes podrán ser expuestos a drogas experimentales, instrumentos o cirugía usados por el Estado para alcanzar sus metas políticas, económicas o ecológicas. Por ejemplo, en muchos países del Tercer Mundo han sido utilizados métodos anticonceptivos para lograr metas poblacionales. Además, todas las prácticas tradicionales que el Estado considere perjudiciales para la salud de los niños serán abolidas. Estas prácticas podrían incluir la enseñanza de la castidad o el rechazo a los anticonceptivos, la esterilización o el aborto.

Además, el derecho a la privacidad se constituye en base para el derecho de los niños a la libre asociación y el derecho de correspondencia ratificado por la O.N.U. Los padres y la familia no tendrán más el derecho a guiar a sus hijos sin la intervención del Estado. El niño "tendrá el derecho" de ser seducido o engatusado por cualquiera que pueda ganar influencia en él o en ella. Pensemos por ejemplo en las diversas asociaciones de homosexuales que trabajan en coordinación con los programas de control natal a nivel internacional.

La educación sexual será el primer paso

Antes que los niños puedan ser moldeados en las actitudes antinatalistas, ellos deben ser inducidos en la actividad sexual temprana sin la observación ni el control de los padres y la familia. La comunidad en su conjunto debe cambiar sustantivamente para poder aceptar lo que antes rechazaba; en este caso el sexo premarital. El derecho del niño a la educación pública y el derecho "recientemente descubierto" por la O.N.U. de "recibir información nacional e internacional", incluyendo material periodístico (Art.17) provee lo necesario para inducir tal cambio. Tales materiales serían por ejemplo, los programas para mass-media de la Universidad John Hopkins o del Center for Populations Options (Centro de Opciones en Población), dirigidos a crear una actitud favorable hacia el aborto, la esterilización y los anticonceptivos.

Mediante el derecho a la familia y al hogar, la O.N.U. otorga al Estado la prerrogativa de definir los derechos autónomos de los niños con respecto a la familia. En esta perspectiva, ¿cual sería la garantía para que el Estado no redefina la "familia" o el "hogar" con el objeto de usarlo para sus propias metas políticas? Más aún, bajo pretexto de proteger al niño de "negligencia" o "trato negligente", los padres pueden ser relevados de su función en el caso de no favorecer los citados "derechos del niño".

Lo mismo sucede con el derecho a la educación primaria gratuita, la cual incluye valores seleccionados por el Estado. Y nos acerca más al peligro de que el Estado use la educación para consolidar el poder político desde la infancia. No han sido pocas las lecciones ofrecidas por la historia en este aspecto. Lo ideal para un Estado totalitario es tener una generación acrítica, desarmada intelectualmente, tolerante y acostumbrada a aceptar resistencia. No habría duda que lo primero sería concientizar a los niños en esta independencia ante sus padres.

Por último, la Convención sugiere que los Estados tomen las medidas legislativas y administrativas necesarias, teniendo como base la determinación del Estado de que los padres guiarán a sus hijos en conformidad con los derechos del niño estipulados por la O.N.U. Además deberán investigar, identificar, reportar e imputar a los padres y tutores de violencia física o mental, abuso, negligencia o trato negligente. Un Comité de la O.N.U. para los Derechos del Niño recibirá los reportes que los Estados participantes deberán enviar cada dos años o cinco años a más tardar.

La Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos del niño es una parodia política, una invención de ficticios derechos que deformarán al niño en el intento de convertirlo en una criatura del Estado, cuando en realidad las necesidades del niño residen en un familia fuerte y en los lazos con su comunidad, y ambos están libres de intermediaciones políticas. Tales vínculos deben también estar libres de la influencia de un Estado que busque seducir a los niños en actividad sexual prematura y premarital; o imponer drogas, aparatos o cirugía en los jóvenes para satisfacer intereses económicos y políticos. Los gobiernos responsables reconocen sus obligaciones hacia los gobernados, pero también entienden sus limitaciones. Esta convención propone prácticas ilimitadas que son contrarias a los principios de un buen gobierno, que además violan la dignidad humana y son totalmente innecesarias para lograr la supervivencia de los niños de todo el mundo.